Puigdemont busca volver a España en el momento más tenso de las relaciones entre el Gobierno y Junts

Carles Puigdemont y su equipo jurídico entienden que el informe remitido por el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avala su regreso a España, así como reclaman que sean suspendidas las órdenes de búsqueda y captura emitidas contra él. El político catalán se aferra al análisis realizado por Dean Spielmann, letrado de la UE, y carga contra el Tribunal Constitucional por no dar pie a que se lleve a cabo una amnistía del delito de malversación. Así, en uno de los momentos más tensos de las relaciones del Gobierno de Pedro Sánchez con Junts tras la reciente ruptura propiciada por el lado catalán, Puigdemont exige poder volver al país sin riesgo de ser detenido. 

La defensa del líder de Junts por Catalunya ha expresado que las conclusiones del abogado de la UE han cambiado el marco de entendimiento del caso del político catalán, tanto por ser marcada la Ley de Amnistía como una normativa constitucional como al haber expresado que esta es es plenamente conforme con el ordenamiento de la Unión Europea. 

De esta manera, el equipo jurídico de Puigdemont señala que, aunque lo marcado por el letrado europeo no posea un carácter formalmente vinculante, los puntos señalados poseen un "autoridad interpretativa indiscutible" al haber indicado Dean Spielmann que la amnistía es una opción cuya competencia pertenece de manera exclusiva de los estados miembros de la UE y que tanto ejercerla, como la oportunidad, el alcance y el contenido de la misma quedan fuera del control del Derecho de la Unión. 

Así, mediante este escrito, Puigdemont busca presionar al Tribunal Constitucional y dejar la pelota en su tejado, tratando de poner sobre la mesa un condicionante que pueda beneficiarle, al jugar con el fuerte vínculo entre España y la Unión Europea, ya que la solidez de las relaciones entre ambas instituciones podrían llevar a que el análisis del abogado de la UE cobre gran peso en nuestro país.

En este sentido, Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, considera que el trabajo realizado por Dean Spielmann cobra especial relevancia al hacer una propuesta jurídica completa destinada a orientar al tribunal, realizando un ejercicio de independencia y que presenta públicamente. Es por ello que Boye entiende que este análisis debe ser atendido en España, al apuntar a que el trabajo del letrado de la UE asegura la unidad, coherencia y racionalidad del sistema jurídico europeo. Lo cual, tal y como indicaba el representante de Puigdemont, "dota a sus afirmaciones de una fiabilidad cualitativa innegable".

La defensa ha recalcado en este caso "los perjuicios no son hipotéticos". Ha incidido en que "durante años" Puigdemont "ha visto limitada su libertad de movimiento y su actividad institucional por órdenes de detención cuya validez ha sido jurídicamente desactivada por la ley orgánica de amnistía y confirmada tanto por este Tribunal (Constitucional) como por el estándar europeo". Por ello, ha insistido en que mantener la orden de detención nacional en su contra en este contexto "supondría un sacrificio desproporcionado e innecesario, incompatible con los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima injerencia que rigen en esta fase".