Aquí no vale mentir: este es el delito al que Mazón se enfrenta si no dice la verdad en el Congreso

Jornada clave en lo relativo a la investigación de la DANA que asoló la provincia de Valencia el 29 de octubre del año pasado. Este lunes, el president en funciones, Carlos Mazón, comparece en la comisión del Congreso de los Diputados en la que no solo está obligado a decir la verdad, sino que le es más complicado no hacerlo dado que, a diferencia de la que tuvo lugar en Les Corts, aquí sí tendrá que responder cara a cara a cada grupo parlamentario. Dicho de otra manera: no sirve con leer un discurso como hizo en la Cámara regional.

Además, mentir en una comisión de investigación parlamentaria supone un delito, recogido en el Código Penal, con hasta un año de cárcel, con lo que al responsable autonómico se le complica más si cabe la estrategia que venía siguiendo hasta ahora y que consistía precisamente en faltar a la verdad con mil y una versiones entre otras cosas, sobre dónde estuvo en las horas clave del fatídico día, además de El Ventorro.

Mientras se estrecha el cerco judicial sobre el president popular, éste se enfrenta este lunes a una comisión que se antoja más dura que la anterior por todo lo mencionado en las líneas anteriores. El momento llega, además, en plena negociación entre la derecha del PP y la ultraderecha de Vox sobre su sucesión, que es entendida por las víctimas del temporal como un ejercicio de continuismo al proponer al que ha sido su número dos, Juan Francisco Pérez Llorca.

La comisión de Les Corts

Durante su comparecencia en el Parlamento autonómico valenciano, la persona que estaba al frente de la gestión de la DANA el 29-O se desprendió de toda responsabilidad y se presentó como víctima, cargando nuevamente, igual que hizo el día que presentó formalmente su dimisión, contra el Gobierno de Pedro Sánchez y los organismos que dependen de Moncloa y que, de forma directa o indirecta, tuvieron que intervenir aquel día de octubre.

Entre las entidades a las que atacó se encuentran la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a las que acusó fehacientemente de no haber hecho los deberes mientras aseguraba que nadie le pidió “permiso para refrendar ni refutar cualquier decisión” del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

Sobre el mensaje que llegó pasadas las 20:00 horas de la tarde, cuando ya había víctimas mortales y muchos de los daños, tanto personales como materiales eran completamente insalvables, Mazón defendió que nadie le había “pedido permiso para refrendar ni refutar cualquier decisión” del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

Por el contrario, proyectó la idea de que si el mensaje de alerta no llegó a tiempo “no fue porque alguien lo parara o bloqueara”, ni “mucho menos” porque Salomé Pradas, entonces consellera de Interior y en la actualidad investigada judicialmente, estuviera esperando a su autorización.

Y así, todo. Mazón tampoco respondió a las preguntas que la oposición le planteó sobre dónde se encontraba en las horas cuya incógnita todavía no está despejada que presumiblemente estuvo en el restaurante. Estas son, entre las 18:45, que acompañó a Maribel Vilaplana al parking y las 20:28, cuando llegó el Cecopi.

Lo único que dijo es que no estuvo “incomunicado” durante su comida, de más de tres horas, sino que en ese tiempo permaneció “atento, haciendo llamadas para conocer la situación” de la emergencia, que hasta bien entrada la tarda consideraba localizada en Utiel, comarca de La Ribera y en una posible rotura “a 13 horas vista” de la presa de Forata. Lo más que dijo sobre su estancia en El Ventorro y su ausencia entonces en el punto en el que se le necesitaba era que había generado “horas de debate estéril” y que, de haber conocido las dimensiones de la tragedia “no se habría producido”.

La oposición cargó duramente contra él. Tanto el PSOE valenciano (PSPV), como Compromís, lamentaron el paso de puntillas del popular por algunas preguntas y que, directamente, obviara otras. El portavoz del segundo partido en la Cámara, Joan Baldoví, fue uno de los más duros al señalar que su intervención había sido una “burla” para todos, pero especialmente para las víctimas, y subrayar que no había contestado “a ninguna de las preguntas” planteadas; que solo se había limitado a “leer literalmente un discurso de 20 minutos y hacerse la víctima”.

En el plano estrictamente político, el PP aplaudió que Mazón acudiera por iniciativa propia mientras Vox hizo hincapié en que la responsabilidad principal era del Ejecutivo de Sánchez. Los familiares de las víctimas afearon la actitud del presidente en funciones, resaltando la posibilidad del delito porque no dijo “ni una sola verdad”.