Tras conocer el informe sobre el Estado de Derecho de los países de la Unión Europea (UE) elaborado por la Comisión Europea, en el turno de España, se constata el “aval” de las reformas ejecutadas por el Gobierno central en Justicia, donde se ha sustentado el acceso a la carrera de jueces y fiscales. En este sentido, Bruselas considera que las medidas españolas en este ámbito “son un avance para la independencia y la calidad de un sistema público de Justicia”.

En estos términos lo han dado a conocer fuentes del Ministerio de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes dirigido por Félix Bolaños, desde el que inciden en que Bruselas “reconoce que el proyecto de Ley de Amplificación y Fortalecimiento de la Carrera Judicial y Fiscal, al reformar el acceso a las carreras y llevar a cabo un proceso de estabilización de juezas y fiscales sustitutas, ampliará los recursos del servicio público de Justicia".

La Comisión Europea se ha hecho eco este martes en su informe sobre la salud democrática de los Estados miembro sobre los últimos acontecimientos del 'caso Koldo' y de la imputación del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en una evaluación sobre España que recoge avances en medidas de prevención, pero alerta del "alto riesgo de corrupción" en la contratación pública y financiación de partidos.

En las veinte páginas que dedica a España, Bruselas no señala riesgos sistémicos para el Estado de Derecho, aunque avisa de que siguen pendientes medidas de calado en ámbitos como el judicial, la lucha contra la corrupción, la transparencia o medios de comunicación, incluida la reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que Bruselas reclama desde hace años como continuación de la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

El informe identifica "algunos avances" para atender a las recomendaciones del pasado año para reducir los tiempos de las investigaciones y enjuiciamientos de los casos de corrupción de alto nivel, por ejemplo en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la asignación de recursos adicionales. "El Gobierno reconoce que los casos de corrupción tardan más debido a su naturaleza cada vez más compleja y ha tomado medidas para fortalecer los recursos humanos en el sistema judicial", indica el informe.

Fuentes de Justicia sostienen que el documento europeo destaca la ley de Eficiencia, la ley orgánica del Derecho de Defensa y el aumento de la remuneración de jueces y fiscales. "El informe resalta que la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal suponen un refuerzo notable de la autonomía de la Fiscalía, que era otra de las recomendaciones históricas de la Comisión, de manera que valora positivamente los avances realizados en estos proyectos de ley orgánica y las medidas adicionales adoptadas para reforzar la independencia de la fiscalía en materia presupuestaria, de formación y de régimen de incompatibilidades", ponen en valor.

Bruselas “ratifica” que la reforma “no afecta al Estado de Derecho”

De la misma manera, interpretan que la Comisión Europea ve como un "progreso significativo" la renovación del Poder Judicial y los primeros nombramientos realizados.

Por este motivo, celebran las conclusiones que, bajo su punto de vista, "ratifican" que "no hay ni una línea de las reformas que afecte ni al Estado de Derecho ni a la independencia judicial" y "echan por tierra los bulos que se han repetido insistentemente para intentar frenar la mayor transformación de la justicia en décadas".

La Comisión dedica asimismo parte de su evaluación sobre España a la controversia por la reforma puesta en marcha por el Gobierno sobre el acceso a la carrera judicial y fiscal, aunque evita expresar una posición clara sobre la situación. "Actualmente hay acciones de protesta por parte de jueces y fiscales que reflejan tensiones en torno a las reformas propuestas en el poder judicial", reza el texto, que hace alusión a la huelga para pedir la retirada del proyecto de reforma y de que el CGPJ lo rechazó al no estar reguladas.

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