El Gobierno de España ha puesto en marcha la mayor transformación de la Justicia en los últimos cuarenta años. La Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, actualmente en tramitación parlamentaria, es una reforma valiente, moderna y profundamente democrática. Su objetivo es claro: abrir el acceso a la judicatura y la fiscalía a toda la ciudadanía, garantizar la excelencia profesional con igualdad de oportunidades y recuperar la confianza pública en una Justicia que debe estar al servicio del bien común.
Por primera vez desde 1985, el acceso a jueces y fiscales dejará de depender del dinero familiar o del lugar de nacimiento. Con becas públicas, centros de preparación accesibles en todo el país, nuevas pruebas más justas y un sistema de promoción transparente, esta iniciativa del Ejecutivo democratiza una de las carreras más cerradas del sistema institucional español. Frente a un modelo elitista, el Gobierno apuesta por una Justicia plural, cercana y al servicio de los valores constitucionales.
Uno de los pilares centrales de esta reforma impulsada por el Ejecutivo es la democratización del acceso a la Carrera Judicial y Fiscal. Hasta ahora, la oposición exigía años de estudio a tiempo completo sin ingresos, algo que solo podían permitirse muy pocas familias. Esta realidad excluía a cientos de jóvenes con talento y vocación, pero sin recursos.
Para romper esa barrera, el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha las becas SERÉ, que se consolidarán legalmente mediante esta reforma. A partir de 2025, se concederán 1.300 becas de hasta 12.000 euros anuales durante cuatro años. Y no será una medida temporal: la ley establece que estas ayudas no podrán ser inferiores al Salario Mínimo Interprofesional. Un compromiso firme para que ninguna vocación se quede atrás por razones económicas.
Además, el Centro de Estudios Jurídicos se transformará en un centro público de preparación con presencia en todas las comunidades autónomas. Así se evita otra desigualdad habitual: tener que mudarse a Madrid o grandes capitales para acceder a una preparación de calidad. La justicia, como servicio público, debe ser accesible desde cualquier rincón del país.
La excelencia es otro eje clave de esta reforma. Pero no una excelencia real, no basada únicamente en la memorización, sino en la capacidad de razonar, redactar y aplicar el derecho con rigor. Por eso, el nuevo modelo de acceso incluye una prueba escrita práctica, anónima y basada en casos reales, que evaluará habilidades esenciales para el ejercicio profesional. Las pruebas orales serán grabadas para garantizar transparencia y derecho a revisión.
Esta modernización también alcanza al llamado “cuarto turno”, que permite el acceso a la judicatura desde la experiencia profesional. A partir de ahora, se dará prioridad a una prueba práctica de redacción antes de valorar los méritos. Y, por primera vez, se aplicará también esta vía de acceso en la Carrera Fiscal, ampliando la diversidad de perfiles en ambos cuerpos.
El Gobierno ha diseñado este nuevo sistema con una convicción clara: atraer talento no es suficiente, hay que garantizar que ese talento venga de entornos diversos y esté al servicio de lo público.
España necesita más jueces y fiscales. No solo porque los juzgados estén saturados, sino porque el sistema se sostiene en gran parte sobre la precariedad de miles de profesionales interinos. Actualmente, más de 2.600 personas ejercen como jueces sustitutos, magistrados suplentes o fiscales sustitutos, muchas de ellas con décadas de experiencia, seleccionadas por los Tribunales Superiores de Justicia y nombradas por el CGPJ, pero sin estabilidad laboral.
Esta ley, en línea con las exigencias de Europa impulsa el concurso-oposición extraordinario que permitirá estabilizar a este colectivo. No es un atajo: ya ejercen, ya dictan sentencias, ya forman parte del sistema judicial. Ahora tendrá acceso justo a la carrera.
La reforma también refuerza la integridad del sistema. La Comisión de Ética Judicial incorporará por primera vez a académicos independientes, elegidos por las Cortes, junto a jueces y magistrados. Se creará un registro público de jueces preparadores de positivos, y el CGPJ regulará las compatibilidades.
Además, se mejoran los procesos de elección de órganos internos: se eliminará el voto delegado, se introduce el voto telemático y se reduce la duración de los mandatos, haciendo el sistema más democrático y transparente.
El nuevo sistema establece el ascenso automático por antigüedad: al cabo de cinco años, un juez será magistrado y un abogado fiscal, fiscal. Esto elimina incertidumbres estructurales y favorece una carrera profesional con previsibilidad.
También se mejora la especialización en áreas claves y se eliminan las incompatibilidades laborales para jueces sustitutos o cuando no estén en ejercicio, reconociendo su derecho a ganarse la vida mientras no son llamados a ejercer.
Como toda reforma profunda, ha generado resistencias. Algunos sectores conservadores de la judicatura y de la política han reaccionado manifestándose y con declaraciones alarmistas. Pero, como han señalado numerosos analistas y medios de comunicación, estas críticas revelan más miedo a perder privilegios que preocupaciones reales por la calidad de la justicia.
Es significativo que quienes han controlado durante décadas los mecanismos de acceso, promoción y preparación se opongan ahora a un sistema más abierto, justo y transparente. ¿Por qué? Porque pierden poder. Porque se les acaba el “chiringuito”. Porque esta ley rompe con la endogamia y abre las puertas a una judicatura más plural y conectada con la sociedad.
Esta reforma no va solo de cifras o plazas –480 anuales entre oposición libre y concurso–, sino de valores: igualdad, mérito, inclusión, profesionalidad, integridad y confianza ciudadana. Es una apuesta de país. Una visión de futuro.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho algo más que una ley: ha diseñado una nueva forma de entender la Justicia como verdadero servicio público. Una Justicia más humana, más accesible, más diversa y más comprometida con la ciudadanía. Porque en democracia, la Justicia no debe ser un privilegio para unos pocos, sino un derecho digno para todos.
