El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la declaración como zona tensionada de vivienda de San Sebastián, 21 municipios de Navarra y A Coruña. La ciudad gallega será la primera que, bajo un Gobierno del Partido Popular, se acoge a l mecanismo que recoge la Ley de Vivienda. De este modo, la región que preside Alfonso Rueda refrenda su desmarque total de la pauta que marca Génova en la materia, con un desafío constante a las políticas del Gobierno, a pesar de que en la ejecutiva nacional se venda la decisión de su barón como una “excepción” porque la consigna de derogar el articulado y las zonas tensionadas “es firme”.
Parecía imposible en sus inicios, pero A Coruña lo ha conseguido. 20 meses después de iniciar su andadura, el municipio gallego, bajo dominio del PSOE, arrastró a la Xunta de Alfonso Rueda a romper el consenso del Partido Popular en materia de Vivienda. Galicia, que siempre ha mostrado una ferviente oposición al articulado que aprobó la coalición PSOE-Podemos en la legislatura pasada, es la primera autonomía de signo conservador que se sube al tren de la declaración de zonas tensionadas. Aunque a regañadientes, la decisión del Ejecutivo regional se ha consolidado este martes, con la publicación en el BOE de A Coruña como zona tensionada, junto a San Sebastián y otros 21 municipios de Navarra.
La justificación no es fácil para el PP nacional, que desde que Rueda claudicó ante el Consistorio coruñés, ha defendido que la localidad será una “excepción” porque su posición con respecto a la Ley de Vivienda no ha cambiado en absoluto. Es más, en Génova insisten en que es “firme” su compromiso de derogar el articulado del Ejecutivo progresista y liquidar “las zonas tensionadas”. De hecho, en octubre, mientras el ministerio dirigido por Isabel Rodríguez amenazaba a los barones “insumisos” con retirar fondos, los líderes territoriales conservadores desembarcaron en Madrid para transmitir un mensaje de oposición en bloque a las políticas de Moncloa. Incluso emitieron un comunicado conjunto en el que se reafirmaban en “no declarar zonas de mercado tensionado” en sus territorios y, por tanto, rechazaban la “intervención” del mercado del alquiler. Decisión que catalogaron como “protestativa y legal”.
El caso de Galicia
Varios barones, entre ellos el propio Rueda, incluso recurrieron la Ley de Vivienda al Tribunal Constitucional. De hecho, municipios de Aragón, Cantabria, Madrid, Valencia y Extremadura - regiones del Partido Popular – lo pidieron, pero se rechazó y se seguirá rechazando. “Ese es el criterio, Galicia es la excepción”, explicaron desde el entorno de Feijóo cuando el presidente de la Xunta pidió la declaración de A Coruña como zona tensionada, aunque tampoco entraron demasiado en el juego y dejaron el grifo correr.
Eso sí, el propio Rueda, en la notificación de la declaración, especifica que la Xunta recurrió la ley de Vivienda ante los tribunales. Sin embargo, explicaron que accedieron a "la petición del concello de Coruña” para declarar todo el término municipal zona tensionada. En ese escrito, además, dejó patente que la medida “no va a solucionar el problema en la ciudad, del mismo modo que se ha agravado en el resto de sitios donde se ha implantado”. Relato que contrasta con los datos de la Generalitat, donde el anterior equipo de Gobierno (ERC) decretó ya zonas tensionadas en las que el precio bajó en torno a un 5%; mientras que en las que no hay control de precios se mantiene en el mismo baremo.
Beneficios a inquilinos
Este martes, además de A Coruña, se declaran como zona tensionada los siguientes municipios de Navarra: Pamplona, Tudela, Valle de Egüés, Burlada, Barañáin, Zizur Mayor, Estella-Lizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Ansoáin, Villava, Corella, Valle de Elorz, Cintruénigo, Baztan, Alsasua, Huarte, Berrioplano, San Adrián y Peralta. Por su parte, en el País Vasco, Galdakao (Distrito 2) y San Sebastián. La activación del mecanismo permite la contención de los precios de los alquileres en áreas donde los incrementos en los años previos a su declaración hayan sido desproporcionados.
El mecanismo genera la obligación de que las administraciones públicas ejecuten un plan de medidas urgentes para incrementar la oferta de alquiler para que en el plazo de tres años la burbuja del mercado del alquiler haya reventado e incluso se reviertan sus efectos. Además, delimita una serie de bonificaciones fiscales para aquellos propietarios que rebajen las rentas de los alquileres a sus inquilinos, al margen de limitar la capacidad de incrementar los precios de nuevos contratos al ajustarse al marco del vínculo previo.
Vivienda tasa en 8,28 millones de personas las que gozan de los beneficios de la Ley de Vivienda en zonas de mercado tensionado. El ministerio, además, adelanta que pronto se sumarán municipios como Santiago de Compostela (otra “excepción”), además de Asturias y más localidades del País Vasco. Precisan que la aplicación de estas medidas no sólo favorece a los inquilinos, sino también a pequeños propietarios que ponen sus viviendas en alquiler respetando el índice de referencia. De hecho, pueden deducirse hasta el 90% de lo que ingresen por esos alquileres si bajan un 5%.
Guerra por el relato
Aun con la “excepción” de A Coruña y la previsible de Santiago de Compostela, en Génova insisten en la ofensiva contra las políticas del Ministerio de Vivienda, desde donde reivindican el uso de la “política fiscal para penalizar” a los especuladores y fomentar “conductas que favorezcan al interés general”. En este sentido, refuerzan la utilidad del articulado, asentándose sobre la reducción de precios en los municipios declarados zonas tensionadas en Cataluña, mientras se generaban un total de 11.807 nuevos contratos de arrendamiento en la región.
"Lo que nos pide la ciudadanía es que actuemos; pide que el mercado de la vivienda opere con la ley de la razón, de la justicia social, no la ley de la selva; pide evitar que fondos buitres y que fondos también especuladores hagan y deshagan a su antojo. Lo que nos pide es que blindemos el parque público de vivienda; que construyamos más y mejor vivienda pública; que actuemos y regulemos el mercado; y que demos más y mejores ayudas para garantizar el acceso", subrayan.
