La Fiscalía de la Audiencia Nacional estudia si investiga a las 44 personas condenadas por su pertenencia a la banda terrorista ETA que han sido incluidas en las listas electorales de EH Bildu. La decisión llega después de recibir la denuncia interpuesta por la Asociación Dignidad y Justicia, concretamente de su presidente Daniel Portero, quien emplazaba a comprobar la validez de las candidaturas.  

El Ministerio Público ha informado a través de una nota de prensa que tras recibir el citado escrito "ha procedido a su registro, y tras su análisis, se tomará la decisión que proceda, respecto a la apertura o no de diligencias de investigación preprocesales".

En su escrito, alerta de que "están concurriendo a las elecciones municipales y autonómicas en el País Vasco sujetos que han sido condenados por delitos de terrorismo, y siete de ellos por asesinato terrorista y que concurren como candidatos en los propios municipios en los que cometieron los asesinatos y viven sus víctimas, con la consiguiente humillación y vilipendio que causa a las víctimas del terrorismo".

En este sentido, la asociación sostiene que "es deber y obligación del Estado de Derecho ser especialmente cautelosos y escrupulosos con el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para poder concurrir como candidatos a unas elecciones", comprobando si todos ellos han cumplido sus respectivas condenas con las que un día fueron juzgados.

Indagando un poco más en el caso, subraya que "ya existen precedentes en los que esta asociación ha denunciado hechos esencialmente idénticos en los que se ha podido acreditar que sujetos condenados por delitos de terrorismo han concurrido a unos comicios a pesar de no tener cumplida la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, como es el caso de Iker Casanova Alonso".

En la misma línea, el documento se refiere al “caso de Arnaldo Otegi”, recordando que la Junta Electoral de Gipúzcoa acordó en el verano de 2016 excluirle como candidato de la formación abertzale. En aquella ocasión, dicta la denuncia “se evitó la concurrencia a unas elecciones autonómicas de un condenado por delito de terrorismo, con la pena de inhabilitación sin cumplir”.