El mensaje de puertas para afuera en el PSOE es claro en lo que respecta a lo sucedido en Melilla el pasado mes de junio. Los socialistas aguardan al dictamen de la Fiscalía para pronunciarse. Una versión a la que ya recurrieron la pasada semana, aunque en privado, miembros destacados del partido no rehúyen la crudeza de las críticas provenientes del Defensor del Pueblo y admiten su dureza. No obstante, si el argumentario es cristalino, también lo es el respaldo que se le brinda al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, frente a esta crisis. Cierre de filas y “máximo respeto” al informe del organismo encabezado por Ángel Gabilondo.

El documento del Defensor del Pueblo no compra la versión oficial de Interior. El equipo de Ángel Gabilondo estima que el uso de piedras y gases de los agentes españoles empeoró la situación y rechaza que las devoluciones en caliente se produjeran dentro del marco legal. Asimismo, descartan también que no hubiera coordinación con los efectivos marroquíes.

Un informe ante el que a los socialistas no les ha quedado más remedio que admitir su dureza. Fuentes del PSOE admiten en privado la crudeza de las críticas, mientras evidencian el cierre de filas en torno a la Guardia Civil y, por supuesto, con el ministro del Interior. En público, exhiben su “máximo respeto” con el organismo que preside Ángel Gabilondo y emplazan al dictamen de la Fiscalía para pronunciarse, que al fin y al cabo es la “responsable de este caso”. “Vamos a esperar a ver qué tienen que decir”, apuntaba en la rueda de prensa la ministra de Educación y portavoz del partido, Pilar Alegría.

“Con todo lo ocurrido aquellas semanas en las vallas de Melilla, hemos puesto a disposición toda la información con transparencia”, ha resaltado la ministra. Asimismo, ha subrayado que el propio Marlaska ofreció “declaraciones” y aportó “todas las respuestas” posibles, amén de su “voluntad por seguir aclarando” cualquier cuestión relativa a este asunto. “Siempre ha sido manifiesta”, ha apostillado Alegría.

Presión del PP

En paralelo al informe del Defensor del Pueblo y en los momentos previos a la comparecencia de Alegría, el Partido Popular ha arrojado la crisis de la valla de Melilla contra los muros de la Moncloa. En el Congreso, el Grupo Popular ha registrado la comparecencia en el Pleno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicar su “pésima gestión” de la tragedia del pasado 24 de junio.

Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, verbalizaba los planes de los conservadores, reorientados tras la “negativa” del ministro Marlaska a comparecer en el Hemiciclo y “facilitar los vídeos” requeridos. Según la portavoz parlamentaria, tendrá que ser Sánchez el que dé cuentas de lo ocurrido en la valla de Melilla. “El escándalo de la sedición no debe tapar lo sucedido”, deslizaba en su perfil oficial la riojana.

En el escrito, los conservadores dan por “acreditada” la falta de transparencia en la actuación del Gobierno durante la tragedia. Consideran que “surgen serias dudas sobre la veracidad de las palabras” de Marlaska en la carrera de San Jerónimo y las “explicaciones posteriores”. Por tanto, desde el Grupo Popular atribuyen a Sánchez un respaldo “categórico” a la actuación del ministro del Interior, validando su “confianza” y el desempeño de sus funciones con “estricto cumplimiento de la legalidad”.