El PP ha solicitado un aplazamiento de la votación para elegir nuevo presidente de la Comisión de Exteriores al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para que el PSOE "reflexione" y vuelva al acuerdo inicial de reparto de las presidencias de las comisiones acordado al inicio de la legislatura por todos los partidos. Lo ha anunciado el presidente en funciones de la Mesa, Eduardo Madina.

La candidatura de Fernández Díaz habría salido adelante sólo con los votos del PP y la abstención de PSOE y Ciudadanos. Estos dos partidos optaron por esta fórmula para mostrar su disconformidad y, al mismo tiempo, evitaban romper el acuerdo firmado por todos los partidos para el reparto de la dirección de las comisiones parlamentarias.

Podemos, que también firmó ese acuerdo, ha optado por la ruptura y presenta a Pablo Bustinduy como candidato alternativo, a pesar de que es consciente de que no tiene ninguna posibilidad. Asimismo ha recordad que su grupo ha registrado una petición a la Mesa pidiendo una auditoría y un "informe de idoneidad" del candidato popular.

El portavoz del PP, José Ramón García ha cargado contra la actitud de Podemos y ha criticado lo que considera una "institucionalizacion del populismo" que hace "un flaco favor a las instituciones".

En cuanto al PSOE, el portavoz José Ignacio Sánchez Amor ha dicho que "hay muchas formas de dinamitar un pacto" y que "en ningún caso" su grupo apoyará la candidatura de Fernández Díaz por una razón "de idoneidad similar a la expresada por el portavoz de Podemos". Los socialistas argumentan "sin entrar en ningín tipo de valoración personal", que el exministro mantiene un "contencioso" con el Congreso, ya que tiene pendiente una comisión de investigación. El PSOE, ha dicho, "va a considerar cualquier otra candidatura" que presente el PP. 

Fernández Díaz ha sido reprobado por el Congreso por sus conversaciones con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña para atacar a dirigentes independentistas. Solo el PP votó en contra. Además, los diputados han aprobado la creación de una comisión para investigar el supuesto uso partidista que hizo de los medios de Interior.

De momento, el exministro reprobado se queda sin el cargo y sin los 6.000 euros de complemento que lleva consigo.