La portavoz socialista de Hacienda en la Cámara autonómica, Begoña Rodríguez Rumbo, acusó al ejecutivo que preside Núñez Feijóo de “defender una política industrial inexistente”.

Hace dos años el gobierno de los ‘populares’ gallegos puso en marcha la iniciativa “Doing Business Galicia”, que permite a los ayuntamientos que se adhieran al plan establecer bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), así como en los impuestos de Actividades Económicas (IAE) y de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), para empresas interesadas en instalarse en su territorio.

Lo cierto es que esto no ha incentivado a los consistorios gallegos a unirse a este proyecto, ya que según aseguró la socialista, de las 313 entidades locales que tiene la autonomía “tan solo 121 se incorporaron al Doing Business Galicia, de los cuales solamente 30 aparecen en el Mapa de Parques Empresariales del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo”. Además, advirtió Rumbo “llama la atención que tan solo tres ayuntamientos del PP se hayan llevado 701000 euros de un presupuesto total de 5.845.000 millones de euros”.

Asimismo, cabe añadir que de las capitales gallegas tan solo Ourense, gobernada por el popular Jesús Vázquez Abad, se encuentre adherida a este plan. Al mismo tiempo que resulta llamativo, que de las cuatro provincias gallegas sea la orensana, cuya Diputación Provincial es gobernada desde hace más de 30 años por el Partido Popular, la que más municipios tenga inscritos en esta iniciativa.

La portavoz socialista criticó la “falta de transparencia” del gobierno gallego ya que, puntualizó, “solo conocemos el entusiasmo del secretario general por estas medidas y la información de la adhesión de 104 ayuntamientos, porque no fue hasta el pasado 23 de abril cuando se conoció el número total de consistorios”, información, advirtió Rodríguez Rumbo, que “deja clara la ley de transparencia de este gobierno”.

Además, la socialista acusó al gobierno presidido por Feijóo, de que la puesta en marcha de este proyecto no solo “favorece únicamente a las administraciones locales que se acogen a el, sino que también implica que tienen que renunciar a parte de sus ingresos más importantes, cuando sus haciendas ya son de por si insuficientes para dar un nivel de servicios públicos adecuados a su población”.

Para terminar, advirtió Rumbo, el gobierno de Feijóo “promocionó un observatorio, del cual no hemos sido capaces de encontrar ninguna actividad realizada por esta institución después de dos años de su implantación”.

En este sentido fuentes consultadas por este medio han asegurado que “el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo le encargó a la entidad de Gestión del Suelo de Galicia (XESTUR), la creación del Observatorio y día de hoy no se ha constituido”.

A pesar de que la creación de este organismo fue considerado desde la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), como un “instrumento fundamental para potenciar el vigor de la industria en algunos territorios de la Comunidad, fundamentalmente en A Coruña y Vigo, y sus áreas de influencia”, lo cierto es que a día de hoy, lo que en un principio estaba previsto que comenzase  a funcionar entre los meses de abril y mayo del año 2017, continúa siendo un propósito de intenciones del ejecutivo que dirige Feijóo, sin fecha de materialización.