La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha calificado como un "atentado contra el secreto profesional" la petición presentada por el empresario Alberto González Amador al Tribunal Supremo para investigar las comunicaciones de seis periodistas. En un comunicado emitido este jueves, la FAPE subrayó que la solicitud vulnera el artículo 20 de la Constitución, que garantiza el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes.
El empresario, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Tribunal Supremo que ordene a las compañías telefónicas conservar los registros de llamadas, conexiones digitales y ubicaciones de los periodistas durante los últimos diez meses. Además, pretende que la Guardia Civil investigue si los comunicadores contaban con fuentes en la Fiscalía y que la Unidad Central Operativa inspeccione los teléfonos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. Según la FAPE, González Amador busca determinar si ambos fiscales mantuvieron comunicaciones con los periodistas.
La controversia surge en el marco de una causa judicial por revelación de secretos, dirigida por un juez del Tribunal Supremo contra el fiscal general y la fiscal jefe de Madrid. El caso investiga la presunta filtración de un correo electrónico remitido a la Fiscalía que desmentía un bulo según el cual la institución habría ofrecido un pacto a González Amador para evitar una condena con pena de prisión.
La petición afecta directamente a cuatro periodistas de El Diario.es, uno de El Plural y otro de la Cadena SER. La FAPE advierte que, de ser aceptada, esta medida pondría en peligro la libertad de prensa y la protección de las fuentes, pilares fundamentales del periodismo. “Esperamos que el Tribunal Supremo haga caso omiso de esta solicitud, que plantea un conflicto grave entre la libertad de información y el derecho a la intimidad de las fuentes”, subrayó la federación.
En su declaración, la FAPE enfatizó que, aunque no cuestiona las competencias de la justicia, considera que las pretensiones de González Amador vulneran los principios básicos del ejercicio periodístico. “Rechazamos cualquier intento de intimidación hacia los periodistas que realizan su trabajo bajo el amparo del derecho a la información”, afirmó la federación.
La FAPE también alertó sobre las implicaciones de esta petición para la independencia de los medios y el ejercicio del periodismo de investigación. En su comunicado, recordó que el secreto profesional es un derecho fundamental que protege no solo a los periodistas, sino también a la sociedad, garantizando un flujo libre y seguro de información.
El derecho a la información, en máximo riesgo
El caso pone de manifiesto las tensiones crecientes entre el derecho a la información y los intentos de controlar la narrativa en asuntos judiciales de alto perfil. Estas tensiones, según expertos, pueden erosionar la confianza de la ciudadanía en los medios de comunicación y en las instituciones democráticas si no se garantizan principios fundamentales como la libertad de prensa.
Por un lado, la comunidad periodística teme que decisiones judiciales favorables a esta clase de solicitudes sienten un precedente peligroso que limite la investigación de temas de interés público. Este tipo de restricciones podría desincentivar la colaboración de fuentes confidenciales, fundamentales para destapar irregularidades en sectores públicos y privados.
Por otro, el debate reaviva la necesidad de reforzar el marco legal que protege tanto a los periodistas como a sus fuentes en España. Organismos como la FAPE insisten en que la protección del secreto profesional no solo salvaguarda la labor periodística, sino también el derecho de la ciudadanía a estar informada sin interferencias indebidas.
