Al PP le ha pillado descolocado la regularización de migrantes. Tras un año cogiendo polvo en los cajones del Congreso, el PSOE decidió que era el mejor momento para pisar el acelerador y dejar en fuera de juego a los conservadores. Lo hizo a menos de un mes del “cónclave” de Alberto Núñez Feijóo. Es decir, a las puertas de su rearme ideológico. El problema para la narrativa popular no sólo es la presión de los socialistas, sino que aparecen dos actores que tensionan a los populares: sus socios de Vox y la Iglesia. Los segundos, además, cuentan con el beneplácito del Gobierno, con quien ha mantenido una reunión recientemente para ejercer de intermediario y forzar a Génova para que bendiga la Iniciativa Legislativa Popular que regularizará a 400.000 personas.
A estas alturas del pasado curso, el entonces secretario de la Conferencia Episcopal (CEE), Luis Argüello, descolgó el teléfono para contactar directamente con el portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado. El motivo no era otro que el de ejercer algo de presión a los conservadores para que apoyaran la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que regularizaría la situación de más de medio millón de migrantes. Medida que lleva el sello de la Iglesia. Al menos de manera tangencial, pues jugó un papel crucial en la recolecta de firmas y apoyos de organizaciones. Argüello, de hecho, apostó fuerte para que, por lo menos, aterrizase en la Carrera de San Jerónimo.
La llamada de Argüeso se tradujo en el respaldo del PP a la toma en consideración de la iniciativa. No obstante, Génova negaba que ese cambio de opinión tuviera vinculación alguna con la intervención de la Conferencia Episcopal. Un año después, el texto resucita y lo hace de la mano del PSOE, pero también de la Iglesia Católica. Dos actores que suman fuerzas para atraer a Génova hacia el sí. El problema radica en el influjo perenne del socio habitual de los conservadores. Y es que Vox ha sido una de las voces que se han mantenido en su profundo rechazo a regularizar a casi medio millón de personas. Incluso han diseñado campañas para mellar en las dudas del Partido Popular.
La jugada del PSOE...
Pese a que históricamente, PP e Iglesia Católica han ido de la mano en cuestiones cruciales como el divorcio, el matrimonio homosexual o la eutanasia, sus discursos se han desligado en cuestiones de carácter integrador como es la inmigración. Son patentes las constantes presiones de la Conferencia Episcopal y tirones de oreja a modo de consejos de la curia. La última es reciente.
Argüello, ahora presidente de la CEE, envió una misiva a los portavoces parlamentarios de PP y PSOE para concertar una reunión e interceder en las diferencias entre partidos para acelerar en la regularización. Solicitud que no halló respuesta hasta esta misma semana, cuando los socialistas aceptaron la mano eclesiástica. Pero su contrapartida aún no ha respondido. Sobre la mesa se halla una propuesta de reunión el próximo 10 de junio en la Carrera de San Jerónimo.
…y la presión de Vox
Una cita que, en caso de que el PP aceptara, se produciría un mes antes de que la plana mayor de Génova constituya el cónclave para renovar el mandato de Feijóo y, de paso, meter mano a un libreto de estilo caducado desde el año 2017. El rearme ideológico tiene paralizados a los conservadores, que han visto cómo el PSOE les ha desnudado con un movimiento de ficha inesperado. Sobre todo, porque la maniobra llega en un momento crucial para algunos líderes territoriales.
Los barones negocian con Vox la aprobación de los presupuestos en sus respectivas comunidades y la inmigración, entre otras cuestiones, es uno de los pilares de la negociación. Tanto es así que incluso el Gobierno de Jorge Azcón (Aragón) ha escenificado un choque con el Ejecutivo central por la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que redistribuye las cuotas de menores migrantes entre las diferentes comunidades.
La negociación presupuestaria converge con la resurrección de una ILP que, a su vez, se topa con la enésima campaña ultraderechista contra la regularización “masiva” de personas migrantes. Vox ha desplegado una recolección de firmas que presentarán como respuesta de la ciudadanía contra las políticas migratorias de Moncloa. “Ni la ciudadanía, ni los pasaportes, ni las nacionalidades se regalan”, exponen desde la fuerza ultraderechista, al tiempo que profundizan en la idea del “billete de vuelta” para quienes entren de forma ilegal en el país: “A España sólo se entra de forma legal, ordenada, y con voluntad de integrarse”.
Por ello, su líder, Santiago Abascal, llama a filas contra “las políticas que alientan el efecto llamada” y que revitalizan a “mafias” que se “enriquecen” mientras dejan un reguero de “seres humanos muertos en el camino”. He aquí la madre del cordero de un Partido Popular que se mueve entre la presión de la Iglesia -auspiciada por el PSOE- y de un aliado necesario para dar viabilidad a las cuentas públicas de sus territorios. La llamada de Argüeso no faltará, aunque está por ver si en esta ocasión tiene el mismo efecto que el toque de atención de 2024.
