Los socialistas están preocupados por la situación que consideran de 'acoso' y aislamiento al juez Pablo Ruz por parte del Gobierno y el PP ante sus últimos días en la Audiencia Nacional. Un sentimiento que han concretado en la presentación de una proposición no de ley para reprobar al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ante lo que piensan es una "falta de colaboración y obstaculización de la investigación del caso Gürtel".



Ruz pide, Hacienda se niega a colaborar con él
Recuerdan los socialistas que "son ya dos autos del juez Ruz amonestando al ministerio de Hacienda y a la Agencia Tributaria por no colaborar en la investigación de la trama Gürtel y por no suministrar los datos que se les están pidiendo". Y ante esta situación que piensan de bloqueo a la justicia, Antonio Hernando, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ha advertido que esta petición de reprobación "se ampliará a la vicepresidenta del Gobierno el próximo lunes, cuando se cumpla el plazo  que ha dado el juez Ruz a la Agencia Tributaria para presentar los documentos".

Como les hemos venido informando en ELPLURAL.COM, Pablo Ruz solicitó en un escrito judicial a la Agencia Tributaria que le diera la cifra de la cuantía que el Partido Popular habría debido pagar como impuestos por las donaciones recibidas en dinero negro por parte de empresas, y con las que se financió la caja B. Esto a pesar de que los inspectores de la Agencia habían expuesto su opinión de que, aún dando por cierto que existían esas donaciones en negro, no debían cotizar puesto que habían sido utilizadas en su opinión conforme a la ley de financiación de partidos.



Preimputación del PP es el peligro
El gesto de Ruz se entendió como una preimputación del Partido Popular. La respuesta sorprendente y sin precedentes de la Agencia Tributaria, como les informamos, fue la negativa a cumplir la petición del juez argumentando, básicamente, que sólo Hacienda está capacitada para decidir cuándo se comete un delito fiscal. Un acto ante el que Ruz contestó con una nueva requisitoria judicial exponiendo, con el apoyo del ministerio fiscal, sus razones para considerarse capacitado, y exigir, de nuevo en un plazo de cinco días, que Hacienda colaborara con su petición y estimara esta vez no sólo la cantidad de impuestos que presuntamente el PP habría defraudado, sino también el IVA que tendría que haber pagado de no haberse utilizado la caja B para las obras en la sede nacional 'popular' en Génova, 13.