“La divulgación de un informe de la Jefatura Superior de policía de Granada, fechado el 9 de julio de 1965 en el que se reconoce que el asesinato de Federico García Lorca, en agosto de 1936, fue un crimen de Estado, pone de manifiesto la situación de los archivos de la represión franquista, custodiados por el Gobierno. Una situación que no hace sino garantizar la impunidad de los crímenes de la dictadura del general Franco”, ha manifestado  la  Red de Archivos Históricos de CCOO ante la publicación en su día de este documento por dos medios informativos.

Como ya publicó ELPLURAL.COM,  Federico García Lorca fue asesinado por la policía franquista junto a otra persona, tras ser calificado como “socialista y masón” y atribuirle “prácticas de homosexualismo”. Así se recogía en un informe de la Jefatura Superior de la Policía de Granada redactado en 1965 (casi 30 años después de la muerte del poeta) y al que tuvieron acceso la Cadena SER y eldiario.es. El documento fue redactado por la tercera brigada regional de investigación social de dicha Jefatura y en su asunto se leía: “Antecedentes del poeta Federico García Lorca”.

Ian Gibson: fue crimen de Estado
En nombre de la Red de Archivos Históricos de CCOO, José Antonio de Mingo Blasco responsable del Archivo de Historia del Trabajo de la Fundación 1º de Mayo firma un comunicado en el que subraya que los medios referidos aclaraban cuando se realizó dicha publicación “Fuentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte han señalado que no tienen constancia de este documento, pero están tratando de localizarlo”. Y apuntan que  “como a su vez ha aclarado el hispanista Ian Gibson, el valor fundamental del documento reside en el reconocimiento del crimen de Estado que significó la muerte de García Lorca”.

Los archivos garantizan la impunidad
“Asimismo, lo que ha vuelto a poner de manifiesto la aparición del citado informe de la Jefatura Superior de Policía de Granada es la situación de los archivos de la represión franquista, custodiados por el Gobierno español. Una situación que no hace sino garantizar la impunidad de los crímenes de la dictadura del general Franco”, continúa el comunicado.

El acceso debiera ser libre
Apelan aquí a la negativa tan frecuente para los investigadores de la memoria histórica de consultar determinados archivos  “el hecho de que un medio de comunicación afirme que ha tenido acceso ‛en exclusiva’ a un documento de la represión franquista. Porque el acceso a ese documento debiera ser absolutamente libre, no sólo para los investigadores, sino para la ciudadanía en su conjunto”.

El Ministerio lo ignora
“Es preocupante que nadie haya explicado en qué archivo público está depositado el citado documento. Y no sólo eso, sino cómo es posible que medios de comunicación lo hayan obtenido en exclusiva; es decir, de manera privilegiada. Sorprende menos la declaración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el sentido de ignorar la existencia del documento”, dicen.

Sin transferir
Tampoco tranquiliza desde su punto de vista  que “a día de hoy los archivos de la represión siguen en manos de las instituciones herederas de aquellas que la ejercieron: la Policía, la Guardia Civil y el Ejército. Estos archivos deberían haber sido transferidos, de manera que de su gestión se ocupen instituciones archivísticas públicas, cuya misión sea facilitar su acceso y, con ello, permitir el conocimiento público”.

Recomendaciones internacionales
Así lo deducen en base a las recomendaciones a los poderes públicos “realizadas por el Consejo Internacional de Archivos y la UNESCO en su informe sobre Políticas archivísticas para la defensa de los derechos humanos de 1995, actualizado en 2009”. Un asunto que por otra parte, abordaba también el  Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, de julio de 2014.

Denuncia del Relator de la ONU
En lo  relativo a España – explica CCOO- el Relator señalaba, entre otras cuestiones: “Sin embargo, si bien una gran cantidad de documentos estarían en teoría disponibles, en la práctica persisten dificultades y restricciones en su acceso. Varias fuentes indican una disparidad en las prácticas y posibilidades de acceso en función de los archivos o funcionarios a cargo, una amplia dispersión de la información y falta de medios técnicos y de personal que garanticen el registro de todos los documentos para su debido acceso”.

Impedimentos y negativas
Continuaba el Relator  explicando que las mismas fuentes denunciaban que  por lo general “no se permite el acceso libre a los archivos, limitando la orientación de las investigaciones. No existen mecanismos para atender las reclamaciones o interponer recursos en caso de negación del acceso. También reportan impedimentos en la localización de algunos fondos, como el archivo de inteligencia del Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno”.

Sin criterios para desclasificar
El Relator Especial expresaba su preocupación por que, invocando riesgos a la seguridad nacional y la Ley de Secretos Oficiales, documentos históricos y grandes fondos militares y policiales permanecen clasificados y sin criterios claros que permitan su desclasificación, y advertía que la legislación y reglamentaciones vigentes no resuelven las dificultades mencionadas en materia de acceso”.

Derecho a la verdad
Para Pablo de Greiff estas dificultades se podrían, abordar “a través de una política estatal y una ley de archivos que revise los criterios aplicables en materia de privacidad y confidencialidad, de conformidad con los estándares internacionales, incluyendo el derecho a la verdad”.

La Ley de Transparencia no se ocupa
No olvida el comunicado que el Relator Especial había  lamentado que la reciente Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno no haya sido la oportunidad para abordar los vacíos legales en materia de acceso y que recientes propuestas legislativas que buscaban atender esta situación se hayan desestimado

Nueva política documental
“La Red de Archivos de CCOO quiere, por esta razón, expresar la necesidad perentoria de un cambio en las políticas archivísticas del Gobierno del Reino de España, de modo que permitan la conservación y el tratamiento de los archivos de la represión franquista con criterios archivísticos profesionales. Criterios al servicio exclusivo del libre acceso a la verdad de los crímenes del franquismo, a la justicia y a la reparación de las víctimas y sus familiares”.