Lo cierto es que la torpeza gubernamental no tiene límites, ya que con su manifiesta ilegalidad, al haber secuestrado unos dominios cuyo uso se había adquirido en debida forma y por el que ya se han abonado sus derechos, lo único que hacen es retratarse y demostrar una vez más que estamos gobernados por una pandilla de incompetentes sin escrúpulos que no respetan una Constitución en la que no creen, y violan el sagrado derecho a la libertad de expresión, que pretenden ahora reprimir con su actuación. No obstante debemos de dar las gracias al ministro Soria y a su equipo de “inteligentes” gestores, ya que han permitido publicitar a nivel nacional una iniciativa de ámbito regional. Por cierto, no han conseguido nada positivo ya que la web está funcionando actualmente con el .com, intocable para nuestras autoridades, salvo que cometan una nueva ilegalidad; en cuyo caso deberíamos de ponernos serios y acudir incluso al ámbito penal para exigir responsabilidades. Que nadie se olvide que el delito de “prevaricación”, aplicable a los cargos públicos, castiga por la vía criminal a los que dictasen una resolución injusta a sabiendas de que lo es.
Lo cierto es que la torpeza gubernamental no tiene límites, ya que con su manifiesta ilegalidad, al haber secuestrado unos dominios cuyo uso se había adquirido en debida forma y por el que ya se han abonado sus derechos, lo único que hacen es retratarse y demostrar una vez más que estamos gobernados por una pandilla de incompetentes sin escrúpulos que no respetan una Constitución en la que no creen, y violan el sagrado derecho a la libertad de expresión, que pretenden ahora reprimir con su actuación.No obstante debemos de dar las gracias al Ministro Soria y a su equipo de “inteligentes” gestores, ya que han permitido publicitar a nivel nacional una iniciativa de ámbito regional. Por cierto, no han conseguido nada positivo ya que la web está funcionando actualmente con el .com, intocable para nuestras autoridades, salvo que cometan una nueva ilegalidad; en cuyo caso deberíamos de ponernos serios y acudir incluso al ámbito penal para exigir responsabilidades. Que nadie se olvide que el delito de “prevaricación”, aplicable a los cargos públicos, castiga por la vía criminal a los que dictasen una resolución injusta a sabiendas de que lo es.
Fernando de Silva es abogado y autor del blog SInLaVeniA
