La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (d), y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (i), conversan con los periodistas tras la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. EFE
El Gobierno ha anunciado este viernes una reforma de la administración local que reduce el número de concejales con dedicación exclusiva y el de asesores que podrán tener los ayuntamientos, además, fija el tope de sueldo de los alcaldes que en ningún caso podrá superar el de un secretario de Estado, de 100.000 euros.
El 82% se queda sin sueldo
A partir de la aprobación de la ley, sólo cobrarán 12.188 concejales de los 68.285 que existen en España, es decir que el 82% de ellos no tendrá un sueldo, según el anuncio hecho por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la ruenda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Afectará también a Madrid y Barcelona
En la actualidad, ya hay concejales que no perciben salario por desempeñar su actividad, sobre todo en los pueblos más pequeños. A partir de la aprobación de la ley todos los municipios se verán afectados, también Madrid y Barcelona.
El Gobierno dejará sin retribución a doce concejales de Madrid, de los 57 actuales, y a nueve de Barcelona, de los 41 que forman la corporación, al limitar el número de ediles que podrán tener dedicación exclusiva y, por tanto, sueldo. La reducción se aplicará al resto de municipios en proporción a su número de habitantes, según ha informado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Competencias de educación y sanidad
El anteproyecto de ley de reforma de la Administración local incluye la redistribución de las competencias para evitar las duplicidades. En este sentido establece un plazo de 5 años para que las competencias de educación y sanidad que ahora tienen los ayuntamientos sean asumidas por los gobiernos autonómicos; para los servicios sociales el periodo es de solo un año. La futura ley también prevé que sean las diputaciones las que asuman la prestación de servicios en el caso de las localidades de menos de 20.000 habitantes cuando el coste se dispare por encima de un precio que se fijará.
Espionaje en Cataluña
En el turno de preguntas, Sáenz de Santamaría respondió a los medios sobre la posición del Gobierno sobre los espionajes a políticos en Cataluña. La número dos del Ejecutivo ha dicho que este colaborará "en todo lo posible" con la investigación, pero que no puede confirmar ningún dato . "Si se confirman, son delitos muy graves. Se actuará con contundencia por parte de la policía judicial, la Fiscalía y los jueces", ha precisado.
"No sé si se ha espiado, ni quién, ni cuánto costaban los informes, ni quién los ha comprado, pero si es así el que lo haya hecho es una conducta muy grave", ha afirmado Sáenz de Santamaría, antes de añadir que "puede que allí sea generalizado, no lo sé, pero no es lo habitual, no veo a la gente dedicándose a eso", ha insistido.
