El Gobierno, contra las cuerdas por el caso Bárcenas sobre la presunta financiación irregular del PP, ha anunciado este viernes una batería de 40 medidas para combatir la corrupción y tener más control sobre los partidos políticos, que deberán explicar sus cuentas en el Parlamento, cada año.

El delito de financiación irregular
Según ha anunciado la número dos del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,  en su habitual rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, habrá una regulación de la gestión del tesorero de los partidos políticos, que será el encargado de dar cuenta en el Parlamento de la contabilidad. Habrá un control, además, de los procedimientos de contratación por parte de los partidos, y estos tendrán que depositar las cuentas en registro público. Si existiese algún caso en el que la formación no presentara sus cuentas, se retendrían los pagos de subvenciones. El Código Penal incluirá un nuevo delito de financiación ilegal de partidos políticos, y se revisarán otros, como malversación, prevaricación, cohecho o tráfico de influencias.

Más control sobre los cargos públicos
Según ha explicado la vicepresidenta, entre las medidas aprobadas están las que afectan directamente a los cargos públicos. Hacienda investigará su patrimonio cuando abandone su puesto para comprobar que no goza de aumentos no justificados del mismo que apunten a “un enriquecimiento ilícito”. El control se efectuará en virtud de una ley reguladora sobre el ejercicio y las funciones de los cargos públicos.

Que no se eternicen los procesos por corrupción
El Gobierno llevará a cabo una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la que buscará agilizar los procedimientos para la persecución de los delitos de corrupción, “para que no se eternicen”, y una ley de Contratos del Sector Público para introducir mayores controles en la contratación con la administración pública.

No se usarán tarjetas de crédito en los ministerios
Entre las medidas anunciadas contra la corrupción se incluye, además, la prohibición del uso de las tarjetas de crédito con cargo a los ministerios para pagar los gastos de representación y evitar así "ningún género de duda" sobre el uso de estos fondos.

La prisión permanente revisable
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha explicado una de las principales novedades en la reforma del Código Penal, la inclusión de la prisión permanente revisable, para el caso de terroristas y de asesinato graves. Según ha puntualizado Gallardón, “el mero cumplimiento del tiempo de la condena impuesta no es condición suficiente para la puesta en libertad”, ya que se realizará una evaluación de la posibilidad de reinserción del condenado.