El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha admitido que la decisión del Gobierno de Cospedal de cerrar las urgencias nocturnas de 21 pueblos podría extenderse a otras comunidades. Lo hizo tras defender la medida impuesta por la número dos del partido y presidenta de Castilla-La Mancha.

"Las comunidades están rediseñando sus mapas de recursos"
En una entrevista en ‘La Mañana’, de la COPE, Moreno ha explicado que “puede pasar en otras comunidades", porque "muchas de ellas están rediseñando sus propios mapas de recursos". El representante del Ministerio de Sanidad ha hecho la salvedad de que la decisión del cierre nocturno de las urgencias en Castilla-La Mancha la ha adoptado el Ejecutivo regional, en el ejercicio de sus competencias, y no el Gobierno Central, aunque respeta la medida.

El secretario de Estado de Servicios Sociales  ha añadido que la población manchega no tiene que preocuparse si tienen necesidad de atención médica por la noche porque hay medios de transporte terrestres y aéreos para llevarles al hospital más cercano.

Respalda las privatizaciones en Madrid
Por  otro lado, Moreno respaldó el plan privatizador del Gobierno de Ignacio González en la Comunidad Madrileña, que consideró necesario para aligerar la carga financiera del sector público, donde, según dijo, "hay absentismo laboral" y donde la capacidad de adaptarse a nuevas necesidades" no es la misma" que en la empresa privada.

"España tiene el sistema sanitario que se pueda pagar", puntualizó el secretario de Estado, quien a continuación precisó que esto no significa que los ciudadanos dejen de recibir la calidad del servicio sanitario que ahora reciben.

Moreno, en cambio, consideró que la imposición del euro por receta no entra dentro de las competencias de una Administración autonómica y recordó que el Gobierno central ha recurrido esta medida adoptada por Cataluña y la Comunidad de Madrid.

El representantes de Sanidad no aclaró si Cataluña y Madrid devolverán el dinero que están teniendo que pagar los ciudadanos si el Constitucional considera ilegal la medida. "La devolución del dinero tiene sus complejidades desde el punto de vista técnico y económico".