Se acabaron los imputados
Cierto es que el aluvión de casos de corrupción que asolan España y la simplificación del lenguaje mediático, lleva a que la opinión pública considere prácticamente culpable a un imputado y ese es precisamente el argumento del Gobierno. Un imputado en una instrucción es alguien a quien el juez investiga por su posible participación en un delito, pero la instrucción del caso puede acabar en que el juez determine que no hay delito alguno y se archive. En los casos que afectan a políticos aunque finalmente no haya delito y no haya juicio, la persona imputada ve como irremediablemente su reputación e imagen han quedado dañadas. Lo curioso es que al Partido Popular solo le preocupe ese debate ahora, cuando el partido como más imputados de España, aunque los haya de todos los partidos políticos. Cuando el proyecto de Ley culmine su proceso parlamentario, la categoría de imputado se sustituirá por a de investigado, que efectivamente se ajusta más, si bien en la mayoría de los casos los 'imputados' han acabado siendo condenados.
Reducción de plazos
La medida más polémica de esta reforma es la que se refiere a la limitación de los plazos judiciales de instrucción, en definitiva sobre los plazos de investigación. Con el argumento de que los procesos judiciales no se pueden eternizar, que la justicia no es justa si es lenta y que en muchas ocasiones la lentitud de las instrucciones ha provocado que graves delitos prescriban, el Gobierno se dispone a aprobar que los jueces solo dispongan de seis meses para llevar a cabo todo el proceso de investigación y 18 meses en los asuntos de especial complejidad. A estos plazos se opone toda la carrera judicial en pleno, además de la fiscalía y el Consejo de Estado, al considerar que son plazos demasiado cortos. Una cosa es que no se eternicen y otra es que no se puedan investigar en condiciones.
Para agilizar la justicia se necesitan más medios no menos tiempo
Es una obviedad, con juzgados colapsados, sin medios informáticos y con poco personal el principal problema de la Justicia española es la falta de medios. En los casos complejos como corrupción, blanqueo de capitales o crimen organizado se necesita la colaboración de expertos y peritos judiciales, por tanto reducir los plazos de investigación sin dotar de más medios a la Justicia no es agilizar la Justicia, es provocar que haya menos justicia.
Desde la etapa del Gobierno de Zapatero, en la que se duplicaron las plazas de jueces y fiscales, el Gobierno del PP bloqueó la convocatoria de oposiciones y solo este año, electoral por cierto, ha convocado unas pocas plazas. El PP protesta porque el caso Gürtel lleva seis años de instrucción, no se queja de que el caso de los ERES lleve prácticamente el mismo tiempo.
