Dos años se cumplen este lunes 25 de marzo de aquella esperpéntica escena en la que el entonces presidente de la Diputación de Castelló presentaba a sus nietos “el aeropuerto del abuelo” en un acto inaugural en plena precampaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2011, que contó con la presencia cómplice de Francisco Camps. Dos años después la incertidumbre planea sobre el futuro de unas instalaciones de las que se desconoce cuándo tendrá tráfico aéreo y quién las gestionara.
Tres ofertas sin resultado
Tras una inversión de 150 millones que algunas fuentes elevan hasta los 200, el gobierno de Alberto Fabra intenta desesperadamente deshacerse del “mausoleo” que el cacique provincial se construyó en vida con el dinero de todos. Una gestión que no ha dado aún sus frutos y que además se ha visto entorpecida en los últimos meses por la falta de entendimiento entre Carlos Fabra, que presidía hasta este viernes la empresa pública gestora del aeropuerto, y el Consell de Alberto Fabra.
Agotado sin éxito el plazo y el ultimatum para que la supuesta empresa hispano-libia interesada en la compra de las instalaciones presentara un aval bancario, por la comisión creada en enero por la Generalitat para gestionar la venta han pasado otras dos ofertas que procederían de un país árabe y de Norteamérica, pero que no han dado un resultado positivo por el momento. De la oferta hispano-libia poco se sabe, aparte de que tras la misma estaría el empresario español José Mena y el líbio Fowzi Amae Allolaki, quienes contarían con un supuesto respaldo de un fondo de inversión libio.
Apartado de las decisiones...
Cansado de las ingerencias de Carlos Fabra en el proceso de enajenación de las instalaciones aéreas, el presidente de la Generalitat parecía decidido a pararle los pies a quien un día fuera su mentor político. Aunque no formalmente, en la práctica lo había excluido ya de la toma de decisiones relevantes sobre el aeropuerto. Hace unos días, el vicepresidente de la Generalitat lo dejó claro al afirmar que el Consell era “el único interlocutor” en el proceso de venta, limitando a Aerocas y, por tanto, a Carlos Fabra, la gestión del día a día de las instalaciones.
...Y forzado a dimitir
El jefe del Consell se resistía a destituirlo, pese a que con ello incumplía su norma de que ningún imputado formara parte de su administración. Pero el juzgado de Nules que instruye el caso Naranjax le dio la escusa perfecta para apartarlo de la presidencia de Aerocas. Tras conocerse este viernes el auto del juzgado de Nules que decreta que se fije fecha para juzgarlo por los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, Carlos Fabra presentaba su dimisión “irrevocable”. Un cese que se anunciaba tras una conversación mantenida por los dos Fabra en la que el presidente le comunicaba su firme decisión de destituirlo si no se retiraba voluntariamente.
El pulso del cacique al Consell
Hasta llegar a la dimisión/destitución, el jefe del Consell ha tenido que soportar un pulso con Carlos Fabra en el que éste cuestionaba su autoridad o lo puenteaba al dejar claro a todo aquel que quisiera escucharlo que sólo él era el único autorizado para hablar de “su” aeropuerto. Pero el vaso del Consell se colmó el pasado 15 de febrero. Aquel día el vicepresidente Císcar manifestó en público desconocer que en el aeropuerto fuera a aterrizar un avión para verificar los sistemas de navegación. Horas después una avioneta de AENA que había despegado desde la vecina Manises aterrizaba en Castelló. Un hecho que constataba quién mandaba en el aeropuerto.
Esta no fue él único ninguneo de Carlos Fabra al Consell. El pasado 21 de enero un grupo de dirigentes socialistas que visitaban el aeropuerto para denunciar la paralización de la infraestructura vio con sorpresa cómo el piloto de carreras Roberto Merhi probaba un bólido en las pistas. Tras la denuncia socialista, el propio presidente de la Generalitat rechazó públicamente el uso de las instalaciones para el entrenamiento de coches de carreras. Poco después Alberto Fabra se encontraba con una airada respuesta del ex presidente de la Diputación.
“El presidente del aeropuerto soy yo”
Y cómo no recordar la arrogancia con que Carlos Fabra respondía al anuncio realizado el día anterior por el conseller de Economía, Máximo Buch, de que el primer vuelo comercial se produciría el próximo 16 de octubre. “El presidente del aeropuerto soy yo y la información válida es la que yo pueda tener”, respondió insolente el cacique mientras intentaba aún que la oferta hispano-libia no se desvaneciera después de hacer patente su convencimiento de que el acuerdo estaba más que hecho.
La hoja de ruta del Consell
Con las grandes decisiones asumidas por la Generalitat y a la espera de una oferta de compra satisfactoria que no llega, el gobierno valenciano ha trazado ya su hoja de ruta. Esta pasa por seguir tramitando los permisos de vuelo y ofrecer la explotación de las instalaciones a una empresa privada en régimen de concesión. Todo con tal de desprenderse del primer aeropuerto peatonal del mundo, fruto de la gran ensoñación que tuvo en 1996 el cacique Carlos Fabra y que contó posteriormente con la ayuda cómplice de Camps.
Comparan el legado de Ratzinger con el de Fabra
A la espera de que algún día pueda estar operativo, el aeropuerto sin aviones de Castelló le cuesta a las arcas públicas valencianas unos 22.000 euros diarios, según ha denunciado reiteradamente la oposición, que tuvo que escuchar esta misma semana en las Corts cómo el diputado popular Ricardo Martínez reivindicó el legado de Carlos Fabra y lo comparó con el dimitido Papa Benedicto XVI “porque ha sabido adaptarse a los tiempos y dejar paso a otras personas”.
Antes el juicio que los aviones
Todo un esperpento de principio a fin. Comenzando con un proyecto descabellado y terminando con la estatua del artista castellonense Juan Ripollés, inspirada en el propio Carlos Fabra, que se levanta en la rotonda de acceso a las instalaciones. Una obra que costó 300.000 euros y sobre la que se asienta un avión, el único que alberga el aeropuerto. Y no se sabe aún por cuánto tiempo. Lo que sí parece seguro es que antes de que “el ciudadano y político ejemplar” -así lo definió en 2008 Mariano Rajoy- pueda ver cómo operan los aviones en “su” aeropuerto, se habrá sentado en el banquillo acusado de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, unos delitos que podrían suponerle penas de hasta 20 años de prisión.
