A contrarreloj y con gestos incluso hacia el Partido Popular, Yolanda Díaz intentó evitar que su reforma estrella sobre la jornada laboral muriera en el Parlamento. Durante días, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo desplegó una intensa ofensiva política para convencer a los grupos de la oposición de la importancia de admitir a trámite la ley que planteaba reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin pérdida de salario. La estrategia pasaba por abrir la puerta a negociaciones futuras sobre plazos y aplicación progresiva, con tal de impedir que la norma fuese rechazada de raíz. Pero nada de eso resultó efectivo: el pleno del Congreso rechazó la iniciativa tras prosperar las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Junts, que sumaron 178 votos frente a los 170 en contra, bloqueando el debate antes siquiera de comenzar.
Para ser más precisos, tal y como apunta 'El Confidencial', el equipo de la vicepresidenta contactó con el grupo parlamentario popular a mediados de la semana pasada para tantear su posición y proponer una reunión de última hora. Sin embargo, pese a “toda la flexibilidad” que pusieron los magentas sobre la mesa, la respuesta de Génova fue tajante e hicieron saber que si la patronal no daba el visto bueno a la medida, ellos tampoco lo harían.
El golpe político para Díaz es significativo. La reducción de la jornada se había convertido en uno de los símbolos de su gestión al frente del Ministerio de Trabajo, presentada como la gran reforma laboral de la legislatura tras el aumento del salario mínimo. La ministra defendía que la medida no solo mejoraría la calidad de vida de los trabajadores, sino que además podía favorecer la productividad y el reparto del empleo. En su intervención en el hemiciclo, acusó a quienes votaban en contra de situarse “del lado de quien está forrado” y de negar un debate que afecta a millones de personas.
Desde la bancada popular, la respuesta fue tajante. El PP justificó su voto negativo en la falta de consenso social y empresarial, señalando que el Gobierno no había buscado un acuerdo real con la patronal y advirtiendo de que la reducción de la jornada generaría costes añadidos a las empresas, especialmente a las pymes. Vox se alineó con esta crítica, calificando la propuesta de “ataque a la libertad empresarial”. Junts, por su parte, defendió su enmienda a la totalidad alegando que la norma no contemplaba suficientemente la diversidad del tejido productivo catalán ni la flexibilidad que requieren determinados sectores.
El resultado dejó en evidencia las dificultades del Gobierno para articular mayorías estables en el Congreso. Pese a que Díaz buscó hasta el último momento tender puentes incluso con la oposición conservadora, la votación confirmó que el margen de maniobra es limitado y que la legislatura se enfrenta a un terreno empinado para aprobar reformas de calado.
Tras el revés, la ministra de Trabajo aseguró que seguirá trabajando para reabrir el debate. “No vamos a desistir”, afirmó, apelando a sindicatos y trabajadores a mantener la presión social. Con esta derrota, la reducción de la jornada laboral queda congelada, pero no enterrada: el Ejecutivo confía en retomar el proyecto en una versión modificada que logre, en algún momento, los apoyos que ahora le han faltado.
Díaz, a Junts, tras su rechazo: “Yo tengo límites y no voy a entregar mi país”
Tras el revés en el Congreso, Yolanda Díaz defendió públicamente la estrategia seguida en las negociaciones con los distintos grupos parlamentarios. La vicepresidenta recordó que llevaba meses conversando con Junts para intentar sacar adelante la rebaja de la jornada a 37,5 horas, aunque advirtió a la formación catalana de que en política “no se puede condicionar el absoluto, el todo”. En este sentido, ha subrayado que ella misma tiene “límites” y que “no va a entregar el país” para lograr un acuerdo, sin entrar en los detalles de lo que estaba encima de la mesa con el partido de Carles Puigdemont.
En una entrevista en Onda Cero, Díaz ha explicado que conoce perfectamente la aritmética del Congreso y la posición de cada grupo, pero ha insistido en que negociar no equivale a imponer: “No es tener una posición de fuerza en la que uno cree que tiene una llave y esa llave le da derecho a hacer lo que sea menester”. Preguntada por si Junts había tratado de “chantajear” al Gobierno, la vicepresidenta ha evitado usar ese término, pero sí ha apuntado que el partido “se equivocó políticamente” al rechazar una medida “ganada en la calle” por los trabajadores.
Díaz también ha querido despejar dudas sobre la relación de Junts con el Ejecutivo. “Nunca he dicho que Junts forme parte del bloque progresista”, ha apuntado, recordando que se negocia con partidos de distinta sensibilidad política, como ocurre con el PNV o Esquerra. A su juicio, lo relevante es que exista disposición a hablar: “¿Se puede negociar con Junts? Claro. ¿Con el PP? A mí me encantaría, pero sobre cuestiones concretas”.
Respecto a la ausencia de Pedro Sánchez en el debate parlamentario, la ministra ha asegurado que “no estaba previsto” que asistiera y ha rechazado sentirse sola en el hemiciclo. “Había miles de trabajadores fuera del Congreso y la bancada socialista estaba entusiasmada. Esta medida está ganada en la calle. No hay marcha atrás”, ha sentenciado.
