El Gobierno encaraba el final del 2022 como una balsa de aceite. Si bien la negociación entre los socios de la coalición tuvo sus dificultades, el cierre de filas de Pedro Sánchez en su comparecencia tras el Consejo de Ministros aventuraba un fin de curso relativamente tranquilo. Yolanda Díaz ha optado por romper la baraja y alimentar de nuevo el clima de tensión perenne intramuros de Moncloa. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo concibe la rebaja del IVA de los productos básicos como un alivio para los ciudadanos. Cree que la medida es insuficiente y asegura que “no ayudará”.

Díaz ha hecho énfasis en que el tercer decreto es fruto de una ardua negociación entre los socios de la coalición. “Nosotros pedíamos el control de los márgenes empresariales y la prohibición de ensancharlos, pero es verdad que esto es una negociación y que el PSOE tampoco quería congelar los alquileres”, ha justificado la también ministra de Trabajo, aduciendo que Unidas Podemos debía ceder en determinadas cuestiones para cosechar éxitos en otras parcelas.

La vicepresidenta segunda no ocultó su oposición a la bajada del IVA en la alimentación. En un primer momento puso sobre la mesa la creación de algún mecanismo capaz de topar los precios. Sin embargo, la propuesta tuvo un escaso recorrido al despertar una acalorada polémica en el sector alimentario, generando alguna que otra confrontación con el Ministerio de Agricultura. La iniciativa pivotó hacia la búsqueda de acuerdos entre las grandes distribuidoras, con el fin de ofrecer productos básicos con precios inamovibles. De esta manera, según Díaz, se blindaban ante la inflación. Las grandes cadenas, a excepción de Carrefour, hicieron caso omiso.

Díaz: "Esto es una negociación y el PSOE tampoco quería congelar los alquileres"

Beneficios empresariales

En cualquier caso, Díaz ha avanzado que será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la encargada de controlar que las principales cadenas distribuidoras no se aprovechen de la medida e incluyan la bajada del IVA entre sus beneficios empresariales. Tal y como recoge el BOE, la reducción del gravamen “beneficiará íntegramente al consumidor”, evitando que el importe de la rebaja se destine “total o parcialmente” al incremento del “margen del beneficio empresarial” con el subyacente “aumento de los precios”.

A pesar de las discrepancias en el seno de la coalición, Díaz ha defendido que en ningún caso la medida se asemeja a la propuesta que lanzó el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP, según la vicepresidenta del Gobierno, planteó una “bajada automática del IVA en los alimentos”, mientras que la aprobada por el Ejecutivo afecta a “productos muy determinados, sujeto al control de los márgenes” y la prohibición expresa de la “repercusión en los beneficios empresariales”.

El PSOE defiende la medida

Las palabras de Díaz han causado conmoción en la coalición. Si bien hay voces que optan por guardar escrupuloso silencio, desde según qué departamentos presentan batalla argumental a la vicepresidenta segunda. De hecho, en el Ministerio de Hacienda no han encajado de buen grado las críticas de la dirigente de Sumar y cabeza principal del ala de Unidas Podemos en Moncloa.

Fuentes de la cartera que comanda María Jesús Montero justifican la viabilidad de la medida para el bolsillo de los ciudadanos en base a los efectos de otras iniciativas. Estas voces argumentan que disposiciones pretéritas en materia de electricidad o de carburantes de idéntica índole no solo “han funcionado”, sino que han supuesto un verdadero alivio para los hogares. En conclusión, remarcan que han ayudado a que España sea el “país de la eurozona con menor inflación”.