La pandemia ha puesto en jaque nuestro modelo social y productivo. El sistema económico no estaba preparado para hacer frente a una tragedia sanitaria de las características del Covid 19 y mucho menos a la paralización de la cadena de producción, suministros y del sector servicios. Replantearnos el modelo de sociedad en el que vivimos será un reto que tendremos que afrontar desde los estamentos públicos. Pero hasta entonces, las cifras económicas siguen evidenciando que, la realidad que afrontamos es una suma de resultado incierto.

Según los datos del INSS, en el mes de octubre se registraron 54.280 nuevas de pensiones, es decir, un 3,4 por ciento mas que el año el anterior. Sin embargo, considerando el acumulado anual, la realidad es que se han dato de alta 432.766 nuevas pensiones, es decir, un 9,2 por ciento menos que en el 2019 y han causado baja 438.608 pensionistas, es decir un 13,6 por ciento más que el año anterior. Por primera vez en los 15 años de la serie del instituto público, el número de pensionistas decrece en nuestro país. Sin lugar a dudas, la pandemia se ha cebado con los mayores y más vulnerables.

Concretamente en noviembre de este año se han registrado 9,79 millones de pensiones, según datos de Europa Press Data, habiendo un total de 4,54 millones de hombres pensionistas y 4,33 millones de mujeres pensionistas. Es decir, según el INSS, 8,8 millones de personas figuraban en el mes de octubre como pensionistas frente a las 9,79 millones de pensiones que se abonaron, esto quiere decir que algunos pensionistas perciben más de una prestación, como por ejemplo la de viudedad.

¿Qué significa esto para un sistema ahogado por el déficit y las deudas? El Gobierno -siguiendo las directrices marcadas por Bruselas- busca salidas al estancamiento de las cifras y la imposibilidad de hacer frente a los pagos. De hecho, la primera medida se implantará en enero de 2021: la edad de jubilación se retrasa a los 66 años o a un mínimo de 37 años y tres meses cotizados en la Seguridad Social. Con esta fórmula, aprobada en el año 2013, se da un paso más en el endurecimiento de los requisitos para acceder a la jubilación, para la que se tendrán en cuenta los últimos 24 años trabajados: la base reguladora saldrá a dividir por 336 las bases de cotización entre los 288 meses anteriores al momento de solicitar la prestación. Además, las pensiones irán vinculadas al IPC

Impacto del Covid 19

Por su parte, la OCDE advierte de que los efectos de la pandemia podrían afectar a la capacidad de ahorro de los pensionistas, debido a la pérdida del valor de los fondos de pensiones, entre otras causas. También se tiene en cuenta, por ejemplo, el elevado número de parados. ¿Por qué? Las oportunidades para aquellos trabajadores de mayor edad se reducen en un contexto de desempleo, lo que conduce a muchas personas directamente a adelantar su edad de jubilación, un hecho que repercute sobre el sistema público de empleo e inevitablemente sobre las cuentas de los ciudadanos, que pierden capacidad adquisitiva.

Además, en el caso de España, la Seguridad Social arrastra una deuda de más de 3,4 millones de euros destinados a cubrir los salarios de los afectados por los ERTE o las incapacidades laborales vinculadas al Covid 19. El sistema, que ya registraba un déficit preocupante, se encuentra tiritando y a la espera de aplicar la formula ‘milagrosa’ que resuelva el Plan Presupuestario que se envió a Bruselas, que se asumió que el Estado haría frente, mediante impuestos, a los 11.000 millones de las prestaciones de paternidad/maternidad o complementarias para la jubilación y dejaría las cotizaciones pagar las pensiones de jubilados, invalidez  o viudedad.