La iniciativa antiaborto de Vox en Castilla y León está causando estragos en un Partido Popular que arrancaba este electoral 2023 con las esperanzas puestas en el golpe de efecto que supondrían las municipales y autonómicas del próximo mes de mayo. Sin embargo, la polémica en el gobierno de la Junta ha puesto a los conservadores entre la espada y la pared y sumidos en un mar de contradicciones. Desde Moncloa, afean a sus adversarios la tibieza para con sus socios castellanos y leoneses, pero también esas dudas que subyacen a la dicotomía discursiva. Por un lado, en los planes del Ejecutivo regional no cambia nada y se prevé que el plan para las embarazadas se ponga a disposición de los sanitarios, aunque sin esa pátina de obligatoriedad, como en un principio planteaban en Vox. En contraposición, Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, advirtió el pasado martes que el protocolo “no se va a modificar”.

Según publica el diario El País, portavoces de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León han subrayado que el protocolo para la interrupción del embarazo se mantendrá tal cual está, a excepción del carácter de obligatoriedad para los sanitarios que quería aportar Vox. Disonancia argumental que ensancha la escasa claridad en torno a este asunto, pues tampoco se han disipado las dudas sobre el cómo y el cuándo entrará esta iniciativa en vigor.

Insisten desde el Ejecutivo regional que los nuevos recursos se orientan a “todas las mujeres embarazadas”, incluyendo a aquellas que pretendan interrumpir voluntariamente la gestación “siempre bajo el criterio clínico”. Es decir, son los sanitarios los que considerarán oportuno su oferta o no, independientemente de que las mujeres opten por el aborto. Un escenario que confronta con el discurso del presidente de la Junta este pasado lunes. Alfonso Fernández Mañueco, en una comparecencia ante una prensa amordazada un día después junto a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, subrayó que nada cambiaría en los protocolos. Entre tanto, la titular del ramo apelaba al jefe del Ejecutivo regional para recabar “información fidedigna” sobre sus intenciones en esta materia.

Mañueco persistía en su rechazo públicamente al plan antiabortista de Vox en una carta remitida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “No habrá modificación alguna en el protocolo de atención a la interrupción del embarazo, que está ajustado a la legislación nacional vigente y al criterio clínico”. El presidente de la Junta de Castilla y León hizo público el escrito enviado a Moncloa después de que la Administración central acordara un requerimiento “de incompetencia” al Ejecutivo autonómico. Reivindicó, asimismo, la libertad de las mujeres y subrayó que no se puede obligar a nadie a nada. “Serán ellas las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición y, por supuesto, tras esa inquietud voluntariamente formulada por cualquier embarazada, los facultativos conocerán y podrán facilitar según su juicio clínico”, destacaba.

¿Signos de divorcio?

Entre tanto, el plan antiabortista, que el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, presentó como iniciativa “provida”, no se ha caído y crecen las sospechas de que es fruto de un acuerdo verbal entre los dos socios del Gobierno. La presentación de la propuesta ha inaugurado un estado de confusión total en la Junta y que también atañe a un Partido Popular que el martes recibió las amenazas de divorcio de Vox.

Fue el secretario general de los ultraderechistas, Ignacio Garriga, quien advirtió a Génova de que o acatan sus cambios sugeridos o rompían la coalición. Aviso que, instantes después, fue matizado desde Madrid. El portavoz parlamentario de la fuerza de extrema derecha, Iván Espinosa de los Monteros, echó agua al guiso y explicó que “revisar el pacto” no comporta necesariamente de divorcio. “Aunque tendremos que ser más estrictos porque llueve sobre mojado”, alertó.

El Gobierno rentabiliza la confusión

En paralelo, PSOE y Moncloa buscan su parte del pastel en este enfrentamiento a cara de perro entre Partido Popular y Vox. Unos acusan a los otros de ser poco menos que los tontos útiles de Sánchez con esta suerte de debates, mientras los otros reprochan a los unos que claudiquen en otra batalla ideológica con la izquierda. Entre medias, el Ejecutivo central, con sus engranajes orgánicos y gubernamentales bien engrasados para afrontar la precampaña electoral, da pequeños pasos en su plan para desgastar a Núñez Feijóo.

El Gobierno acordó el martes, en el seno del Congreso del Ministros, un requerimiento de incompetencia contra la Junta de Castilla y León para que esta cese “de inmediato” en la aplicación de las medidas antiaborto planteadas por el vicepresidente. Catalogan las iniciativas como “discriminatorias” para las mujeres embarazadas del territorio en comparación con las del resto del país, lo que comportaría una “vulneración de la competencia estatal para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos”, destacan.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Moncloa enseñó la pata y advirtió que no darían “ni un paso atrás” en su blindaje a los derechos de las mujeres. La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, aseguró que recurrirían a todos los resortes legales posibles para “proteger a las mujeres”. Un paso previo a un recurso ante el Tribunal Constitucional. Escenario que, llegue o no, ya han rentabilizado y lo seguirán haciendo, según precisan en Moncloa, pues mantienen viva la chispa del conflicto entre PP y Vox, arrastran a los conservadores hacia los postulados de Vox y alertan ante las limitaciones de derechos subyacentes a un gobierno de la “derecha y la ultra derecha”.