El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, se ha reiterado este lunes en el plan antiaborto que el propio presidente de su gobierno, Alfonso Fernández-Mañueco, ha censurado unas horas antes, representando así otro desafío de Vox hacia el PP en su empeño por aplicarlo.
El máximo dirigente autonómico había negado este mismo lunes que su ejecutivo vaya a ejercer lo que denominó “coacciones directas o indirectas a la mujer embarazada”, anunciadas el pasado jueves durante una rueda de prensa por su propio ‘número dos’, y había asegurado que “no se obligará a nada” ni a los profesionales médicos ni a las mujeres o personas embarazadas.
Sin embargo, pasadas unas horas, García-Gallardo ha ofrecido una entrevista en la que ha contradicho a su propio presidente, desautorizando también sus declaraciones y reavivando el debate interno en el gobierno de Castilla y León con la afirmación de que "hay un falso debate sobre la obligatoriedad o no de esas medidas": "La pregunta que me surge es: si una orden del consejero no es obligatoria, ¿para qué sirven las órdenes de los consejeros?".
Mañueco y Gallardo se desautorizan entre sí
De hecho, el miembro de Vox ha considerado que tanto su formación como el PP, formaciones políticas en coalición en el Gobierno autonómico, han comunicado de manera distinta "medidas idénticas" en relación al paquete de medidas "provida" anunciado por él mismo el pasado jueves.
Durante su entrevista este lunes para una cadena de televisión, el propio ‘número dos’ del ejecutivo regional, a quien el presidente había desmentido durante la misma mañana negando que se fuera a aplicar el plan antiaborto de Vox, ha explicado que las medidas contenidas dentro de él no serían imperativas para las mujeres embarazadas pero sí para los médicos a quienes se les soliciten.
Pese a su esta nueva confrontación donde ambos dirigentes de la Junta de Castilla y León se han desautorizado entre sí, Mañueco no ha tomado ninguna medida sobre la continuidad en su gabinete contra su vicepresidente, García-Gallardo, quien anunció puntos obligatorios que podrían constituir una vulneración del derecho al aborto al proponer presiones y prácticas lesivas hacia las embarazadas como escuchar el latido fetal, una ecografía 4D o reforzar la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.
