El Gobierno de España ha cuestionado la legalidad del plan antiaborto anunciado por el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, para su implantación en la comunidad autónoma, dirigida por un Ejecutivo de coalición formado entre PP y Vox. Los ministerios de Igualdad y Sanidad han valorado las medidas del partido de extrema derecha como una “vulneración del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres”.

Por un lado, Irene Montero, ministra del primer departamento mencionado, ha criticado que “lo llaman moderación”, en referencia al supuesto estilo político que se atribuye en muchas ocasiones al PP, para a continuación dejar en evidencia la habitual postura de la formación conservadora contra los avances feministas: “Por no decir arrebatar derechos a las mujeres”. “Estas son las alianzas de Feijóo. Esto es el PP”, ha concluido la dirigente de Igualdad y miembro de Unidas Podemos a través de su cuenta de Twitter.

En el caso de la titular de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que “este Gobierno de progreso defenderá los derechos de las mujeres y no permitirá ningún retroceso que atente contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres en este país”. Este plan antiaborto, que provocaría un retroceso en los derechos de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, incluye una obligación hacia los profesionales sanitarios de ofrecer alternativas opcionales a aquellas personas que soliciten dicha intervención, como escuchar el latido del feto y obtener una ecografía en 4D.

“Machismo irredento” cuyo “máximo responsable es Feijóo”

Además, el Ministerio de Igualdad, según fuentes de El País, sostiene que “las medidas podrían constituir una vulneración del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ya que coartan su capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos, poniendo en riesgo su salud y devolviéndolas a situaciones de inseguridad sanitaria y de dificultades de acceso a una atención eficaz”. Sin embargo, el PP, consultado por el mismo medio de comunicación, no se ha pronunciado sobre el plan antiabortista impulsado en Castilla y León porque no se ven capaces de “valorar continuamente las decisiones de los gobiernos autonómicos” y ha descargado la responsabilidad en su socio del Ejecutivo regional, Vox.

Desde la oposición parlamentaria en Castilla y León, incluso Ciudadanos, antiguo socio de Gobierno del PP en la comunidad autónoma hasta que este último partido lo sustituyó por Vox tras las elecciones del año pasado, se ha mostrado en contra del anuncio realizado por el vicepresidente ultraderechista del gabinete de Alfonso Fernández Mañueco sobre el aborto en los centros sanitarios: “El responsable máximo de las medidas antiabortivas es Feijóo”. Francisco Igea, portavoz del partido en el parlamento regional, ha tachado as medidas antiabortistas de la formación de extrema derecha como “machismo irredento e imposición moral”, señalando que ni la escucha del latido del feto ni la ecografía 4D están aprobadas “por ningún sociedad científica” y que ni siquiera han sido consultadas con “los responsables de los servicios de obstetricia”.

En el anuncio de este plan antiaborto, el político de Vox y vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha puesto como excusa que los puntos que contiene el texto serán opcionales y que han sido “negociados y consensuados” junto con la Consejería de Sanidad, dirigida por Alejandro Vázquez, del PP. La intención del miembro del partido de extrema derecha, según alega, es que las personas gestantes “se sientan acompañadas y en las mejores circunstancias”, pese a la dudosa legalidad de estas prácticas que le han valido las críticas de las formaciones progresistas por incurrir en una amenaza contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.