El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente informativo para investigar las presuntas subidas de precios por parte de empresas de tras el apagón que afectó a escala nacional este lunes. Usuarios han denunciado incrementos de tarifas en plataformas como Uber y Cabify en regiones donde se declaró emergencia de protección civil, una práctica que, según el Ministerio, está prohibida por la normativa vigente.
El ministro Pablo Bustinduy destacó que, a raíz de la DANA, el Gobierno aprobó una modificación normativa para establecer que las empresas que utilizan precios dinámicos personalizados no pueden aumentar sus tarifas debido a un incremento de la demanda en contextos de urgencia, riesgo o necesidad del consumidor, mientras dure la declaración de alerta. Esta medida busca evitar que situaciones excepcionales sean aprovechadas para obtener beneficios económicos indebidos.
En comunidades donde se decretó emergencia, como Andalucía, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana, el aumento de precios motivado por la demanda en sistemas de precios personalizados podría constituir una infracción grave de la normativa de consumo, con sanciones de hasta 100.000 euros o hasta seis veces el beneficio ilícito obtenido.
Horas después del apagón, el Ministerio de Consumo publicó una guía de actuación para los consumidores, recordando que los contratos celebrados a distancia o fuera del establecimiento comercial, en los que se produzca una personalización del precio, como en el caso de los servicios de hospedaje, no podrán suponer un incremento del precio final de venta derivado de un aumento de la demanda debido a la emergencia, hasta que esta sea levantada.
La situación ha generado críticas por parte del sector del taxi, que mantiene tarifas reguladas y considera que las VTC han aprovechado la situación para incrementar sus precios. Por su parte, las plataformas de VTC defienden que las subidas tarifarias buscan incentivar a los conductores durante periodos de alta demanda. Sin embargo, el Ministerio de Consumo ha señalado que, aunque el modelo de precios dinámicos es legítimo en circunstancias normales, no puede aplicarse de forma abusiva en situaciones de emergencia.
Esta investigación se enmarca en un contexto más amplio de regulación del uso de algoritmos por parte de plataformas digitales. El Ministerio de Consumo está trabajando en una futura regulación que obligará a las empresas que utilizan precios dinámicos, como Uber, Cabify y otras, a ser transparentes en la fijación de sus tarifas, evitando prácticas discriminatorias y el aprovechamiento en situaciones de emergencia.
