El Pleno del Congreso de los Diputados vota este jueves en sesión extraordinaria el nuevo decreto ley que incluye las ayudas fiscales en aras de hacer frente a las consecuencias derivadas del conflicto bélico en Oriente Medio, entre ellas, la prórroga del alivio fiscal a los carburantes para los hogares y la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía.
Este debate vuelve de nuevo a la Cámara Baja después de que el pasado mes de junio el Gobierno aprobara un primer paquete de medidas también para contener las consecuencias de la guerra, pero con limitaciones temporales en el decreto ley y con algunas medidas que quedaron tumbadas. Sin embargo, las tensiones en los precios de la energía y un conflicto que ha continuado escalando obligó al Ejecutivo a aprobar un segundo paquete de alivio fiscal y, tras su visto bueno en el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio, ahora el Congreso tiene que decidir si se convalida o se deroga.
Con todo ello, es este jueves cuando la Cámara Baja debatirá y votará medidas como la reducción del impuesto especial a hidrocarburos, que supone una rebaja de 15 céntimos/litro, en julio; 10 céntimos, en agosto; y 5 céntimos, en septiembre. Sin embargo, decae la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que se había incluido en el primer paquete de medidas anticrisis, en línea con las recomendaciones recibidas desde Bruselas.
Pese a ello, el Ejecutivo ha incluido una cláusula automática, de vuelta a los 20 céntimos por litro de apoyo, en caso de que el conflicto se recrudezca y la inflación de los carburantes vuelva a disparar. En líneas similares, desde el Gobierno aseguran que revisarán mensualmente la evolución con respecto al IPC del año anterior, y, en caso de que se produzcan variaciones que indiquen que supera el 15%, se activarán las reducciones tanto para electricidad como para gas en función de ese resultado.
Entre otras cosas, en este decreto ley se mantiene el descuento equivalente a los 20 céntimos/litro a los carburantes para los profesionales en el caso del sector primario y del sector del transporte. Además, en el caso de la agricultura, se le añaden 165 millones de euros adicionales de ayuda para la compra de fertilizantes a los 500 que ya estaban disponibles.
La CNMC vigilará comportamientos anómalos en las gasolineras
En otro orden de cosas, de acuerdo con el decreto ley que se debate este jueves, la CNMC activará un sistema de seguimiento de los márgenes brutos de todas las estaciones de servicios con el objetivo de controlar que cumplen con las medidas recogidas en la norma.
Además, respecto a la fiscalidad energética, el decreto ley desarrolla la eliminación estructural progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, una demanda que PP y Junts han reclamado en reiteradas ocasiones esta legislatura.
Esta eliminación se llevará a cabo ajustando los tipos de manera progresiva. Cabe recordar que el impuesto tenía un tipo del 7% este año 2026. En los dos trimestres que quedan de 2026 ese tipo pasará a estar en el entorno del 5%, en el año 2027 en el entorno del 3,5% y en el año 2028 pasará a desaparecer. Según los cálculos del Gobierno, la eliminación de este impuesto permitirá a la industria aumentar su producción en 2.600 millones de euros anuales y crear unos 3.700 empleos.
Flexibilidad con los fondos de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Por otra parte, se prorrogan las condiciones a las empresas beneficiarias de las ayudas, manteniéndose la exigencia de Plan de Movilidad Sostenible para trabajadores y la prohibición de despido por causas derivadas del conflicto para empresas beneficiarias de ayudas vinculadas a la guerra.
Asimismo, el decreto ley incluye la flexibilización para el despliegue de fondos de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El primer Real Decreto-ley aprobado el pasado 20 de marzo ya estableció para todo 2026 el escudo social desplegado por el Gobierno, mediante los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico (42,5% para vulnerables y el 57,5% para vulnerables severos), el incremento de la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y la prohibición del corte de suministros básicos (agua y energía) a hogares vulnerables.
En total, estas nuevas medidas, de tres meses de vigencia, supondrán un apoyo fiscal adicional de 1.825 millones en términos fiscales presupuestarios para el año 2026, a los que habría que sumarles otros 2.700 millones del descenso en recaudación para el 2027 y 2028 que supone esa eliminación progresiva del impuesto sobre la producción.
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