El escudo social contra la guerra de Irán se juega su futuro en el Congreso

La guerra de Irán volverá a irrumpir esta semana en la política española, pero lo hará lejos del frente militar y directamente sobre el bolsillo de los ciudadanos. El Congreso de los Diputados deberá decidir este jueves 23 de julio si mantiene en pie el segundo paquete aprobado por el Gobierno para contener el impacto del conflicto sobre los carburantes, la electricidad, el transporte y el sector primario.

La votación extraordinaria someterá al Ejecutivo a una nueva prueba parlamentaria con 1.825 millones de euros en ayudas y alivios fiscales en juego durante 2026. El decreto ya está vigente desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero necesita el respaldo de la Cámara antes de que se cumpla el plazo constitucional de 30 días. Si el Congreso rechaza su convalidación, las medidas decaerán.

No será, por tanto, un pleno de trámite. Bajo una norma aparentemente técnica se concentra buena parte de la respuesta económica diseñada para impedir que la escalada en Oriente Medio termine trasladándose de manera definitiva a los surtidores, las facturas energéticas y los costes de producción. También contiene una de las reformas fiscales reclamadas durante años por la industria: la desaparición progresiva del impuesto que grava la generación de electricidad.

El Gobierno aprobó en marzo un primer escudo después de que el bloqueo del estrecho de Ormuz tensionara los mercados internacionales. Por esta ruta circula alrededor del 20% del petróleo y el gas mundial, y el inicio de la guerra llevó al barril de Brent a superar los 119 dólares y provocó un repunte superior al 40% del precio europeo de referencia del gas en una sola jornada.

Varias medidas de aquel paquete estaban limitadas hasta el 30 de junio. La prolongación del conflicto obligó al Consejo de Ministros a aprobar un segundo decreto para retirar algunas ayudas de manera gradual, prolongar otras y establecer mecanismos automáticos que permitan reactivarlas si los precios vuelven a dispararse.

Una rebaja que se reduce mes a mes

La medida que tendrá un efecto más directo sobre los conductores es la reducción del Impuesto sobre Hidrocarburos. El alivio equivale a 15 céntimos por litro durante julio, se reducirá a diez céntimos en agosto y quedará en cinco durante septiembre. El diseño pretende evitar que el apoyo desaparezca de golpe mientras persista la incertidumbre energética.

La rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10%, incluida en la primera respuesta del Ejecutivo, no se ha prorrogado. El Gobierno justifica esa retirada por las recomendaciones europeas de abandonar las reducciones generalizadas y sustituirlas por medidas más focalizadas.

El decreto incorpora, sin embargo, una válvula de seguridad. Si la inflación interanual de la gasolina o el gasóleo supera el 15%, el alivio volverá a ampliarse. En ese supuesto, la reducción podría alcanzar nuevamente los 20 céntimos por litro, dependiendo del mes en el que se produzca el repunte.

El mismo mecanismo se aplicará a la electricidad y al gas. Si los precios registran un incremento interanual superior al 15%, el IVA de determinados suministros eléctricos, del gas natural, los pélets, las briquetas y la leña regresará temporalmente al 10%. La evolución será examinada mes a mes a partir de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

El Gobierno busca así sustituir un escudo uniforme por una respuesta escalonada: las rebajas se reducen si los precios se estabilizan, pero pueden recuperarse automáticamente si la guerra vuelve a acelerar la inflación energética.

Los profesionales conservan los 20 céntimos

La retirada gradual no afectará de la misma forma a los sectores más expuestos. Los transportistas y los profesionales del sector primario mantendrán un apoyo total equivalente a 20 céntimos por litro de gasóleo durante julio, agosto y septiembre, mediante la combinación de las rebajas tributarias y las ayudas directas.

El decreto extiende las compensaciones a empresas de transporte por carretera, taxis, vehículos de transporte con conductor, ambulancias y autobuses urbanos que no pueden beneficiarse de la devolución por gasóleo profesional. También prolonga los mecanismos de apoyo para el transporte ferroviario y marítimo.

En el ámbito agrario, el Gobierno amplía en 165 millones de euros las ayudas para adquirir fertilizantes. El fondo total alcanza así los 665 millones, mientras la ayuda destinada a compensar el precio del gasóleo agrícola se prolonga hasta el 30 de septiembre. El Ministerio de Agricultura ya ha identificado a más de 424.000 potenciales beneficiarios de las subvenciones para fertilizantes.

La protección al empleo también se mantiene. Las empresas que accedan a las ayudas no podrán justificar despidos, ceses de actividad o reducciones permanentes de plantilla en causas económicas o productivas vinculadas al conflicto hasta finales de septiembre. Las compañías obligadas a disponer de un plan de movilidad sostenible deberán cumplir esa exigencia o devolver las cantidades recibidas.

El final del impuesto eléctrico del 7%

Más allá de la respuesta inmediata a la guerra, el decreto introduce una reforma de carácter estructural: la eliminación gradual del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, conocido como el impuesto del 7%.

Durante los dos últimos trimestres de 2026 se reducirán las cantidades sobre las que se aplica el tributo, de manera que su peso efectivo se situará alrededor del 5%. El tipo bajará al 3,5% en 2027 y desaparecerá completamente a partir de 2028.

El sector eléctrico y la industria llevan años reclamando la retirada de este gravamen al considerar que encarece la generación y reduce la competitividad. La medida también había sido exigida durante la legislatura por el PP y Junts, una coincidencia que puede adquirir relevancia en las negociaciones para sacar adelante el decreto.

Según las estimaciones trasladadas al Gobierno por la industria, la desaparición del impuesto permitirá elevar la producción en unos 2.600 millones de euros anuales y crear alrededor de 3.700 puestos de trabajo. Su eliminación reducirá además la recaudación pública en otros 2.700 millones entre 2027 y 2028.

La norma prevé una compensación extraordinaria de 315 millones para preservar el equilibrio financiero del sistema eléctrico durante la transición. También obliga a revisar determinados contratos y coberturas a plazo para facilitar que la reducción fiscal termine trasladándose a los consumidores.

Las gasolineras, bajo vigilancia

Otro de los frentes del decreto afecta a las estaciones de servicio. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia reforzará la vigilancia para comprobar que las rebajas fiscales llegan al precio final y no quedan absorbidas por un aumento injustificado de los márgenes empresariales.

La CNMC analizará los costes de adquisición y los precios de venta de las gasolineras. Aquellas que presenten desviaciones consideradas anómalas deberán justificarlas y, si no lo hacen, podrán ser incluidas en una relación pública. La aparición en ese listado no tendrá carácter sancionador, pero podrá utilizarse como indicio en posibles reclamaciones de los consumidores.

El organismo ya examinó más de 10.500 estaciones tras la entrada en vigor del primer escudo y concluyó que la rebaja se había trasladado de forma generalizada. Solo detectó posibles comportamientos anómalos en 52 instalaciones, una proporción reducida sobre el conjunto de la red.