El Pleno del Congreso votará esta semana la unificación de las dos comisiones que se crearon para investigar el apagón que sufrió España el 28 de abril de 2025, con el objetivo de que eche a andar lo antes posible para dirimir las causas. Ante la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios, el pasado noviembre la Cámara Baja constituyó dos comisiones diferentes para investigar el apagón, aprobadas en Pleno, pero que llevaban meses sin trabajar: una impulsada por los partidos del Gobierno y otra, a instancias del PP. La nueva estará presidida por el Partido Nacionalista Vasco (PNV).
Al tratarse de comisiones de investigación sobre los mismos hechos, los grupos pequeños registraron a los mismos diputados para ambas, confiando en que se impusiera el sentido común y que hubiese consenso para fusionarlas. Sin embargo, eso no fue posible y en noviembre acabaron constituyéndose las dos comisiones. Lo que sí se logró, no obstante, fue que los integrantes de las Mesas fueran idénticos en ambas comisiones, y con la misma presidenta, la diputada del PNV Idoia Sagastizábal.
A priori, el plan era que las dos comisiones trabajaran en paralelo. Incluso decidieron que presentarían el mismo plan de trabajo y las mismas peticiones de informes o comparecencias en ambas comisiones aunque después, a efectos prácticos, funcionaran como una sola. Es más, llegaron a pedir la habilitación del mes de enero para comenzar escuchar ya los primeros testimonios. Sin embargo, ante el caos que podía suponer mantener las dos comisiones abiertas, los grupos acordaron de forma unánime días más tarde unificar en una ambas comisiones, si bien la Mesa del Congreso les advirtió que si el Pleno aprobó las dos comisiones y las dos se constituyeron como tal, la fusión debía argumentarse con un texto justificativo y debía volver a pasar por el Pleno. A priori, todo apunta a que todos los grupos lo respaldarán la fusión.
Actualmente el Congreso tiene activas otras tres comisiones de investigación, la de la DANA y dos que el PSOE pactó con ERC y Junts para lograr el apoyo de los independentistas catalanas para conquistar la Mesa de la Cámara, si bien estas dos últimas llevan meses paradas y sin previsión de nuevas convocatorias. Por otro lado, están registradas y pendientes de debatir en el Pleno del Congreso otras dos: una de Sumar impulsada por Más Madrid para investigar los negocios del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y la que anunció el PSOE tras la detención de Santos Cerdán relativa al caso mascarillas, un tema que ya se empezó a investigar a principios de legislatura pero sin llamar a los protagonistas de la conocida como 'trama Koldo' y que se cerró sin llegar a presentar conclusiones.
Archivado por la Audiencia Nacional
Por otro lado, cabe recordar que el juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama archivó en el mes de enero la investigación abierta a raíz del apagón eléctrico al no existir "un mínimo indicio" de que se tratase de un "sabotaje terrorista".
En un auto, el magistrado adoptó esta decisión una vez recibidos todos los informes técnicos solicitados con motivo del apagón en los que se descarta "de forma absoluta la existencia de indicios que permitan inferir que el origen de los hechos investigados se encuentre en una acción de terrorismo informático". La resolución detallaba que el informe encargado al Centro Criptológico Nacional concluía que "no ha aportado ningún dato o elemento que haga variar las conclusiones alcanzadas en el informe" en el "que se ponía en conocimiento la no identificación de acciones cibernéticas dañinas o evidencias relacionadas con un ciberataque, así como que no se encontraron indicios que apuntaran a un ciberataque de un grupo de cibercrimen, actores estado o grupos terroristas".
La resolución también mencionaba el informe del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), en el que se pone de manifiesto que tras la visita a cinco centros de control de las estaciones de generación del sistema eléctrico, al objeto de analizar la información registrada en los sistemas e identificar la existencia de indicios que pudieran apuntar a una acción potencialmente dañina de carácter cibernético. Se concluyó que no se observaba ningún ciberataque de grupo de cibercrimen, actores estado o grupos terroristas contra las infraestructuras objeto de análisis.
