El bloque de la investidura acordó la pasada semana acelerar el proceso de tramitación de la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. Un texto que, después de innumerables quejas de parlamentarios y profesionales de los medios de comunicación, abre la puerta a implementar sanciones contra “pseudoperiodistas” como Vito Quiles, Bertrand Ndongo o Javier Negre, siempre en el ojo del huracán por “obstaculizar” el trabajo en la Cámara Baja. Este martes arrancará a las 18:00 horas el debate de totalidad, donde se prevé que la mayoría progresista tumbe las enmiendas de Partido Popular y Vox para, de esta manera, aprobar el articulado en lectura única el próximo 22 de julio.
El PSOE y el resto de grupos que conforman el bloque de la investidura quieren marcharse de vacaciones con los deberes hechos. Si bien aún quedan algunas leyes en el tintero como Movilidad Sostenible o saber qué pasará con el proyecto de ley de reducción de jornada laboral, no querían que la reforma del Reglamento del Congreso se fuera al próximo periodo de sesiones, por lo que ya iniciaron la tramitación de la proposición por la vía de urgencia, para acortar los plazos a la mitad. Con ello, se desarrollarán una serie de mecanismos que para combatir los comportamientos de “pseudoperiodistas” en la Carrera de San Jerónimo.
Así las cosas, lo que se busca con la reforma es la renovación de las credenciales de los informadores que concede la Cámara Baja, así como la creación de un régimen sancionador para aplicarlo a aquellos profesionales acreditados cuya actividad se considere perjudicial para la actividad de la institución o el trabajo de otros corresponsales parlamentarios.
PSOE, Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Bildu, Junts, PNV, BNG y Coalición Canaria dan respuesta a las numerosas peticiones cursadas por colectivos profesionales de periodistas, que reclamaron a la Cámara Baja la implantación de medidas para “evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo. Según subrayan fuentes parlamentarias, el espíritu de la normativa no pasa por limitar la labor de los corresponsales, sino que está diseñada como herramienta de contención ante “activistas de ultraderecha” que asisten a ruedas de prensa.
Blindaje a la normativa de la Cámara
El Reglamento del Congreso encargó a la Mesa de la Cámara la concesión de acreditaciones a representantes de los medios en 1982. La reforma, sin embargo, orbita sobre la regulación del procedimiento para la renovación de las mismas, así como el establecimiento de “requisitos que resulten exigibles”. Por otro lado, se creará un órgano de carácter consultivo, compuesto por un miembro de cada grupo y delegados de los medios de comunicación, que tendrá potestad para proponer sanciones contra un informador acreditado. No obstante, será la Mesa quien tenga la última palabra en cada caso.
De este modo, se obliga a todos los profesionales de la información acreditados a respetar las “reglas de cortesía parlamentaria”, así como las directrices de la Mesa. Es decir, quedará totalmente prohibido grabar imágenes sin contar con la acreditación, amén de sanciones que conlleven a la suspensión de las credenciales de manera temporal o incluso su revocación definitiva.
Enmiendas a la totalidad
Así las cosas, con el último impulso del bloque de la investidura, llega una sesión plenaria para debatir y votar las enmiendas a la totalidad que PP y Vox presentaron a la proposición. Conservadores y ultraderechistas, junto con Unión del Pueblo Navarro (UPN), fueron los únicos que votaron en contra de la admisión a trámite del articulado.
El Grupo Popular registró su propia alternativa en la que se suprime todo lo vinculado a la regulación de credenciales a los medios de comunicación. Los conservadores sostienen que la Presidencia del Congreso ostenta poderes de policía en dependencias parlamentarias y para el mantenimiento del orden. De este modo, el PP sugiere que se pueden adoptar “cuantas medidas consideren oportunas” contra los “alborotadores”. De hecho, apuntan que podría conllevar la expulsión y puesta a disposición judicial de quien perturbara el orden público. Asimismo, afean que “cualquier pretensión para hurtar” esa facultad y delegarla en la Mesa de la Cámara u otros órganos “conculcaría ese principio general”.
En cambio, la segunda parte de la proposición de ley se mantiene intacta en el proyecto conservador. Este otro ámbito de actuación incide en los supuestos en los que los diputados pueden solicitar el voto telemático, de manera que se ponga sobre la mesa la opción de hacerlo cuando haya urgencias familiares cercanos o su fallecimiento. La idea es “compatibilizar el ejercicio del cargo con situaciones de evidente gravedad y excepcional trascendencia”.
Vox, a lo suyo
Por su parte, los ultraderechistas ponen el foco sobre las lenguas oficiales, no sin el consiguiente rechazo frontal a las iniciativas para regular el derecho de información en la Cámara. Por ello, recopila en su texto varias reivindicaciones clásicas de la formación de Santiago Abascal, como la supresión del catalán, gallego, valenciano y euskera o la regulación de las fórmulas de acatamiento de la Constitución para nuevos parlamentarios y así evitar añadidos. Por otro lado, también proponen recortar a la mitad el número de comisiones parlamentarias o exigir informes jurídicos al presentar proposiciones de ley.
Sendos textos alternativos se debatirán y votarán este martes y, a juzgar por los posicionamientos del resto de grupos, todo apunta a que serán rechazados. Lo que implica que la propuesta del PSOE y sus aliados continúe el carril de la tramitación hasta llegar al 22 de julio, cuando se prevé que se apruebe en lectura única “sin pasar por ponencia ni comisión”.
