La maniobra del Gobierno para poder regular desde el Consejo de Ministros el uso obligatorio de mascarillas ha fructificado. El Ejecutivo ha conseguido sumar los votos necesarios en una decisión no exenta de polémica, ya que para ello ha unido el destino de la obligatoriedad de la mascarilla a cuestiones como la revalorización de las pensiones o la posibilidad de contratar jubilados y personal médico externo de la Unión Europea haciendo un conglomerado en el mismo decreto.
La encargada de defender el decreto debatido este martes ha sido la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien ha argumentado que “esta medida fue seguida por países como Portugal, Francia o Italia, además de ser defendida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES)”. “Como ha señalado la ponencia de alertas, se trata de una de las medidas que mayor impacto ha tenido en el control de la transmisión, especialmente si se hace conjuntamente con otras medidas para reducir el contagio por contacto y por aerosoles”, ha añadido.
Sin embargo, y al margen de las dudas presentes sobre la necesidad de mantener una restricción que no cuenta con el aval científico de muchos expertos, el conflicto se ha generado en la Cámara Baja por la maniobra utilizada por el Gobierno para asegurar los votos favorables. Ya antes del debate, los diferentes grupos parlamentarios han lamentado que se haya optado por este modelo, muy criticado en otras ocasiones y que algunos consideran “un fraude administrativo”.
Fuentes del PSOE han explicado a ElPlural.com que se ha optado por esta vía por cuestiones técnicas: “Se trata de un aspecto técnico para incluir de forma inmediata aspectos que había que sacar adelante. Como la revalorización de las pensiones o la atención primaria”. Explicaciones que no han servido a la ministra de Sanidad para recibir una oleada de críticas, tanto de los habituales socios del bloque de la investidura como de la oposición.
“Una tomadura de pelo”
“Es inasumible el número de muertes. Su balance es lamentable. Le puedo señalar la tomadura de pelo de que incluyan en este real decreto medidas que han tenido tiempo para aprobar de otra forma por el simple hecho de forzar al resto de grupos a darles el apoyo. Llevan ustedes 115 reales decretos ley en esta legislatura. El TC ha considerado inconstitucional sus dos estados de alarma, de los que no han permitido abrir una comisión de investigación”, ha reprochado la diputada del PP Ana Pastor, que ha tirado de hemeroteca para recordar los vaivenes del Gobierno con el uso de la mascarilla. “Nunca han tenido el aval científico”, ha añadido.
“Si va usted caminando por la playa, puede optar por la mascarilla o por la herradura de la suerte. Está igual de probada su eficacia. Esto es más grave, fuera bromas, de lo que parece. Ustedes han sido incapaces de aportar ningún informe científico que avale la medida, dando alas a los conspiranoicos y a los que siembran de dudas el rigor científico”, ha proseguido Guillermo Díaz, diputado de Ciudadanos, reprochando que el uso obligatorio de mascarillas fue impuesto por una cuestión de marketing.
“Lo decimos bien alto. No hay ningún estudio científico que haya demostrado la utilidad de las mascarillas al aire libre”, ha insistido Mercedes Gara Moreno, diputada de Vox. “Pueden convertirse en foco ambulante de contagio, ese es el verdadero problema. “Ustedes se regocijan de que los ciudadanos cumplan medidas absurdas. Como médico les digo que los españoles se están cansando de sus imposiciones propias de un Gobierno de taifas”, ha añadido.
Pero no solo la derecha ha condenado el real decreto: “Juntar algunos medidas covid con otras como las pensiones es una mala práctica. Decimos con rotundidad que de ahora en adelante no vamos a aceptar estos abusos. En lo referente al uso de la mascarilla, no compartimos, ni lo hicimos en su día, esta medida. Falta rumbo y medidas contrastadas”, ha indicado Iñaki Ruiz de Pinedo, diputado de EH Bildu. “Este decreto merece un voto rotundamente negativo, por la inutilidad de las medidas que contiene respecto al Covid. Pero por el respeto que debemos a los y las pensionistas, nos abstendremos”, ha explicado el dirigente abertzale.
En la misma línea se ha mantenido ERC, que también ha optado por la abstención. Mientras tanto, formaciones como el BNG y el PNV han defendido que su voto favorable se debe exclusivamente al “principio de prudencia”.
