Francisco Camps, ex presidente de la Generalitat Valenciana. EFE/Archivo
La fuga de Francisco Camps este fin de semana, para evitar responder al juez Castro sobre los contratos que adjudicó a dedo a Iñaki Urdangarin provocaría la carcajada, si no fuera por la gravedad de la actuación del expresidente valenciano. En declaraciones al diario Levante, Camps ha dicho con desparpajo que estuvo “todo el fin de semana en casa” y que “nadie” le notificó “nada”. Lo que ha sido desmentido por fuentes judiciales, que han confirmado que se intentaron localizarle en su domicilio y por teléfono, sin éxito.
El día 12 recibió la citación
Camps recibió el pasado 12 de noviembre la citación del Juzgado que le informaba que debía declarar en calidad de testigo en la Ciudad de la Justicia, lo mismo que la alcaldesa valenciana, Rita Barberá, que sí declaró el sábado ante el juez. Camps se acogió a la prerrogativa que le brinda su condición de expresidente y respondió que lo haría por escrito. Pero lo cierto es que se las ingenió para no estar localizable el fin de semana.
Ni en el Consell Jurídic Consultiu, ni en su casa, ni en el teléfono
El Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca intentó ponerse en contacto con él tanto en la dirección que facilitó a efectos de notificaciones, la sede del Consell Jurídic Consultiu, como en su domicilio particular y, también, a través del teléfono móvil que había facilitado. Por otra parte, buena parte de la prensa nacional dio cuenta de que el juez esperaba la declaración de Camps. Sólo esto bastaría para desmontar la coartada del expresidente, de que nadie intentó localizarle.
Tenía que haber respondido ante una secretaria judicial
Camps tendría que haber respondido este domingo, a las 11.30 de la mañana un cuestionario elaborado por el fiscal Pedro Horrach y las partes personadas. El fiscal y el juez pretendían que el expresidente diera su versión sin tener ocasión de constrastar su relato con la respuestas de otros testigos que declararon este fin de semana. El sábado lo hizo, ante el juez, el fiscal y los abogados de las partes, la alcaldesa valenciana, Rita Barberá. Con su estratagema, Camps evitó caer en posibles contradicciones.
El expresident debe explicar las reuniones que mantuvo con Iñaki Urdangarin y sus decisiones sobre los contratos adjudicados al entonces presidente del Instituto Nóos para organizar tres ediciones del Valencia Summit, un foro de carácter deportivo-turístico por el que el yerno del Rey se llevó más de 3 millones de euros, sin que mediaran concursos públicos.
