Bolaños no se achica y seguirá dando batalla por sus reformas frente a los jueces conservadores

Prácticamente desde que asumió el mando del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños inició una cruzada para desatornillar las tuercas decimonónicas de la magistratura. Desde entonces, ha impulsado una serie de iniciativas para modernizar un sector que se resiste a amoldarse al paso del tiempo. La Ley de Eficiencia Judicial o la Ley Orgánica de acceso a la carreras Judicial y Fiscal son un ejemplo de ello, al que ahora se suma la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCRIM). Sin embargo, el plan de Bolaños se ha chocado contra el muro del bloque conservador de la judicatura, que desde el inicio ha confrontado con el Gobierno incluso forzando paros en los juzgados a modo de protesta o, en su defecto, refutando las reformas a golpe de desinformación. Para ello, el plan del ministro pasa por plantar cara al relato de los togados incluso en sus propias asociaciones, como ocurriera este miércoles en el congreso del Foro Judicial Independiente (FJI), donde esquivó los ataques de más de un centenar de jueces.

En el departamento de Justicia están convencidos de que la mejor defensa de sus postulados es un buen ataque y esa contraofensiva pasa por “escuchar”, pero también “ser escuchado”. Bolaños no ha rehuido el diálogo, ni siquiera con el parón y las posteriores amenazas de la judicatura unos meses atrás. Elaboraron una suerte de decálogo para refutar los bulos que las asociaciones conservadoras vertían contra sus reformas, pero no era suficiente y para ser escuchado, entienden que lo mejor es acudir a actos como el del pasado miércoles en Albacete. De ahí, que en el Ministerio hayan confirmado la asistencia del responsable del ramo a dos congresos de entidades de togados afines a la derecha.

Antes de que acabe el año, el ministro tiene dos citas en su agenda del todo ineludibles. La primera parada será este próximo viernes 14 de noviembre. Bolaños se desplazará hasta A Coruña para participar en el acto de clausura del congreso de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Un colectivo que, por otro lado, no ha escatimado en rejonazos hacia el titular de Justicia, especialmente durante el controvertido interrogatorio del juez Juan Carlos Peinado en dependencias de Moncloa en el marco de la causa que investiga a Begoña Gómez. También, el pasado mes de septiembre, cargaron contra Bolaños acusándole de atacar a la judicatura al señalar que “hay jueces que hacen política”.

La siguiente parada no será más sencilla. Bolaños viajará a Murcia el 28 de noviembre, donde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) – una de las asociaciones mayoritarias – celebra su XXVII congreso. La organización ya censuró la ley de amnistía a principios de la legislatura, emplazando al ministro a observar la “última palabra” de Bruselas. Reto que, por otro lado, cayó en saco roto. También, junto a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y otras tantas entidades, se plantaron frente al Tribunal Supremo en junio contra las denominadas “leyes Bolaños” y proclamando independencia judicial. Es decir, que en absoluto será una tarea fácil, pero en Justicia confían en aportar dato para matar el relato y blindar así las reformas que buscan la modernización del sector judicial.

Dato vs relato

Este miércoles fue una nueva toma de contacto, tras acudir a otros congresos de asociaciones de la judicatura como Jueces y Juezas por la Democracia – de perfil progresista -. Pero será el plan establecido para las dos citas que vendrán durante este mes de noviembre y que cerrarán el año del ministro en lo que a este tipo de actos se refiere. Pondrá el acento sobre la necesidad de “escuchar” las preocupaciones de los magistrados, pero también reclamará reciprocidad, como hiciera ante la FJI, donde resumió que lo fácil para cualquier ministro sería dejarse llevar y sucumbir a la “inacción y la molicie” para que los problemas de la magistratura “se cronifiquen para siempre”. Pero cree imperativo que un Estado moderno como España no puede permitirse el lujo de vivir en el siglo XIX y estar a años luz de los estándares europeos.

El ministro recordó que España ha arrastrado los pies en materia de justicia durante décadas, con multitud de reformas estampándose contra los muros parlamentarios, enmarañados en una telaraña administrativa con una planta judicial decimonónica. De hecho, ejemplificó su narrativa con los juzgados unipersonales, que datan del año 1834, cuando Isabel II sólo tenía cuatro años. Pero ese bloqueo sistemático no sólo lo ha sufrido él como ministro, sino también sus predecesores, como el socialista Francisco Caamaño y su tentativa por impulsar una ley de eficiencia. Pero Bolaños sí encontró el terreno propicio para sacarlas adelante y, como apuntó ante la FJI, los resultados lo atestiguan. Especialmente con el acelerón en la judicatura gracias a la digitalización y a un nuevo sistema informatizado que descongestiona procesos que antaño se perdían en el limbo burocrático durante meses. Al margen de una inversión ambiciosa en materia presupuestaria, con partidas que multiplican por 12 la ejecución del Gobierno de Mariano Rajoy.

Pero sobre todo contrarrestó las tesis de este colectivo de togados que se aferran al mantra de que las reformas de Bolaños no son sino un mero juego político para mermar la imparcialidad del Poder Judicial. O, más ajustado a sus proclamas, una estrategia más de Sánchez y del Ejecutivo para blindarse judicialmente. Por ahí iban los tiros con la iniciativa de Justicia para que las instrucciones judiciales recayeran sobre los fiscales y no sobre jueces. Un bulo que el propio ministro neutralizó al asegurar que se hará bajo la supervisión de un juez de garantías. Algo similar ocurre con las reformas en el acceso a la carrera judicial y fiscal, que lejos de constituir una herramienta de control del Gobierno, democratizarán el ingreso a la misma abriendo un abanico de oportunidades a quienes antaño, faltos de recursos, renunciaban a sus deseos.

En consecuencia, el ministro Bolaños, tras la riada de datos, ya mandó un mensaje  claro y directo al sector conservador del Poder Judicial: “España está ante una oportunidad histórica para modernizar su Justicia “, puntualizaba, antes de asegurar que él no será “cómplice” de la “cronificación de los problemas”.