El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, acudió este pasado miércoles al Congreso del Foro Judicial Independiente, organizado por la propia asociación (FJI) de magistrados, donde le esperaba una encerrona. La brecha entre la judicatura y el Gobierno es grande y sigue ensanchándose, especialmente porque el grueso de los colectivos de togados rechazan las reformas que el titular del ramo quiere impulsar para modernizar la magistratura. Plantó cara a los ataques que proferían los ponentes y blandió la espada de la pedagogía para explicar punto por punto sus iniciativas, pese a que éstos tratan de caricaturizar como un ataque al Estado de Derecho tales reformas. Cifras y contexto histórico para neutralizar la narrativa y los bulos del sector conservador.

Arrancó su alocución desarmando el relato que le esperaba, precisando que llega al acto del FJI para “escuchar” las preocupaciones de los magistrados, pero también para que estos le escuchen. Reciprocidad, como requiere toda negociación. Por ello, puso el acento sobre la comodidad que sería para cualquier ministro la “inacción y la molicie”; es decir, que los problemas “se cronifiquen para siempre”. Sin embargo, el diagnóstico es más contundente y cree que, en pleno siglo XXI, un estado moderno como España no puede permitirse el lujo de seguir arrastrando los pies en materia de Justicia, con décadas de reformas bloqueadas, inercias administrativas y una planta judicial decimonónica. Tomó como ejemplo los juzgados unipersonales, que datan del año 1834. “Isabel II tenía cuatro años”, ironizó.

Esbozó un repaso histórico – e incómodo para un sector de la judicatura -, para atraer a quienes hoy pretenden desnaturalizar sus reformas como un burdo juego político. “Inventos de Sánchez”, dicen desde el espectro conservador del Poder Judicial, replicado por organizaciones de togados como el Foro Judicial Independiente. Recordó a sus predecesores, como el ministro socialista Caamaño, de quien nació la idea de impulsar una ley de eficiencia; como también hicieran después los populares Gallardón y Catalá, aunque ninguno consiguió sacarlas al delante. Al contrario que el propio Bolaños, que sí sorteó los primeros requiebros en su primer año al frente de la cartera de Justicia.

Bolaños: "España está ante una oportunidad histórica para modernizar su Justicia"

Desde entonces, los resultados se notan. Así lo atestigua el propio Bolaños, que hacía pivotar su alegato sobre el acelerón que se ha registrado en ciertas etapas de la judicatura, como la resolución de trámites monitorios en apenas 24 horas gracias a la informatización y al nuevo sistema digital. Un  proceso que en algunas comunidades incluso tardaban meses para sacarlo adelante. Pero también orbitaba sobre el incremento exponencial en la ejecución presupuestaria, que ensombrece los años del Gobierno de Mariano Rajoy. De hecho, el ministro del ramo ha precisado que se han multiplicado por 12 partidas millonarias destinadas a la digitalización de la magistratura. Pero sobre todo, su obra magna: los tribunales de instancia, capacitados para asignar jueces donde el trabajo se acumula. “Crear un juzgado nuevo cuesta medio millón. Con el nuevo modelo, asignar una plaza costará 80.000 euros”, explicaba, subrayando un giro eficiente, más barato, flexible y, sobre todo, más racional.

Bulos fuera

Desde el principio del conflicto entre Justicia y la magistratura, desde asociaciones conservadoras se ha repetido hasta la saciedad el mantra de que las reformas del Gobierno formaban parte de un mero juego político para destruir la imparcialidad del Poder Judicial. Una treta más de Sánchez y de su gabinete para blindarse judicialmente. O que, por ejemplo, es falso que el Ejecutivo prometa unas plazas y cree menos. De hecho, en este último punto, las 380 anuales dependen aún de la aprobación de la ley, dado que la normativa vigente tan sólo da vida a 200. La nueva regularización tampoco perjudicará a las nuevas promociones, dado que todos ellos irán a la cola del escalafón, tal y como se desprende del proyecto de ley.

La cuestión es que, además, todo ello no es si no una orden de Bruselas. La Comisión Europea lo exige ante la temporalidad inaceptable de jueces y fiscales sustitutos, explicaba Bolaños, al tiempo que lanzaba un misil a la línea de flotación de las asociaciones conservadoras: “El Ministerio no ha elegido ni a uno solo de los sustitutos y suplentes que hoy dictan sentencias. Los selecciona el CGPJ”. En el supuesto de que éstos carezcan del nivel o los requisitos necesarios, será un tribunal – independiente y calcado al de cualquier otra oposición – quien tenga la última palabra.

Por su parte, abordó otro de los puntos de fricción con el sector conservador del CGPJ: la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Converge en este punto la casualidad, contra los análisis encapsulados de las asociaciones, de que se trata de un articulado de todo punto obsoleto y secuestrado por las raíces decimonónicas de la magistratura. La nueva LeCRIM eleva a España al nivel de Europa y concede la entrega de la instrucción al fiscal en cuestión. Eso sí, contará con la supervisión de un juez de garantías. En este sentido, recordó que entra en vigor en 2028, antes de que la Fiscalía General del Estado celebre sus elecciones para elegir a la nueva efigie del Ministerio Público.

El ministro Bolaños, tras la riada de datos, concluyó su alocución con un mensaje claro y directo frente a un sector del Poder Judicial a la que le ha salido rana su intento de acribillar al responsable de Justicia. “España está ante una oportunidad histórica para modernizar su Justicia “, puntualizaba, antes de asegurar que él no será “cómplice” de la “cronificación de los problemas”.

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