“La legislatura queda bloqueada”. Un pacto de investidura, distintas aprobaciones de leyes y dos años después, Junts ha consumado su ruptura definitiva con el PSOE y el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez con una decisión de la que ya no hay vuelta atrás, asentando las bases de un escenario ‘bélico’ en lo político que prevé traer consigo un mayor volumen de confrontación parlamentaria.

Después de haber ratificado la pasada semana la ruptura de relaciones políticas con el PSOE al decir no haberse cumplido los objetivos pactados, los neoconvergentes han dado un paso más allá este jueves presentando una enmienda a la totalidad a todas las leyes en trámite parlamentario que tiene el Ejecutivo central actualmente: "Pedro Sánchez no podrá aprobar los Presupuestos ni normas como la 'Ley Bolaños' o la 'Ley Begoña'", ha dejado en claro la portavoz en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras.

Sin embargo, la retahíla de amenazas de los de Carles Puigdemont a Moncloa vienen disparándose desde los últimos tiempos. Pese a las alabanzas y sintonía que manifestaron al comienzo del pacto de investidura por la Ley de Amnistía, la tensión y el tira y afloja comenzó a sobreponerse en las relaciones de ambos partidos para acabar en el muro actual.

Amnistía y puntos de encuentro con el catalán

Fue entre las negociaciones para la investidura de presidencia de Pedro Sánchez cuando, de manera inesperada en el tablero político, se dio a conocer que los votos de Junts se declinaron en favor del líder socialista tras los resultados de las elecciones de julio de 2023. Entonces, los independentistas catalanes abrieron la puerta a la negociación; discusiones que transcurrieron entre intermediarios de ambos partidos en reuniones en Suiza y otros puntos.

Los primeros pactos se sellaron, entre otros ejemplos, con la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso, así como pasos en favor del reconocimiento y el espacio para el catalán, como bien fue la introducción de las lenguas cooficiales en los plenos parlamentarios.

Ya en noviembre del mismo año, Junts y PSOE pactaron la investidura de Sánchez, la cual vino intrínseca con la aprobación de la Ley de Amnistía que tanto revuelo y confrontación entre distintos colores políticos suscitó. El proceso de negociación fue arduo, prolongado y lleno de obstáculos, teniendo al frente una oposición férrea en su crítica contra la normativa y a los tribunales estudiando la constitucionalidad del texto, así como los disturbios que se produjeron aquellos meses finales de 2023 y principios de 2024 ante la sede del PSOE, en la calle Ferraz, que alimentaron aún más la crispación política.

La Ley de Amnistía obtuvo luz verde en mayo de este año y, con su aplicación en el plano judicial, multitud de personas dejaron de tener causas penales, pero, en lo que concierne a los principales actores políticos que participaron en el referéndum de independencia de Cataluña del 1 de octubre de 2017, desde Oriol Junqueras, líder de ERC, hasta el propio Puigdemont, no se les ha aplicado.

En el plano judicial, el Tribunal Constitucional, por un lado, dictó sentencias a favor de la legalidad de la norma, aunque aún no se ha abordado el caso concreto de Puigdemont.

Primeras amenazas

No obstante, la sintonía duró pocos meses. Con motivo de la delegación de competencias a Cataluña en materia migratoria a finales de 2024, a lo que el Ministerio del Interior, en un primer momento se opuso. Entonces, Puigdemont protagonizó la primera amenaza: “Sánchez no es de fiar”, primera vez que, al tiempo, dejó caer que el PSOE no cumplía con lo pactado.

Entonces, Junts planteó a finales de enero de este año una cuestión de confianza y que, en caso contrario, una convocatoria anticipada de elecciones, aunque la última palabra recayese en Sánchez para llevarla a cabo o no. Escenario que no se terminó dando debido a que los socialistas lograron apaciguar el intento de los neoconvergentes cediendo con la delegación de competencias en migración. Otro plano que, meses más tarde, el pasado septiembre, quedó descartado en la votación del Congreso al no lograr los apoyos suficientes ante la negativa de Podemos.

Acercamiento al PP y distancias con el Gobierno

En consecuencia, el distanciamiento de Junts con el Gobierno de Sánchez se vio aupado en los últimos meses con su simultánea complicidad con el Partido Popular y Vox en algunas tramitaciones parlamentarias que impidieron su aprobación.

Han sido muchas y variadas aquellas leyes del Ejecutivo central en las que Junts no mostró su apoyo que sí vino marcando en el pacto de investidura: desde el impuesto a las energéticas, pasando por la creación de una agencia anticorrupción hasta la más reciente con la negativa a apoyar la reducción de la jornada laboral, medida estrella de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y que las derecha y ultraderecha tumbaron.

Ruptura sin vuelta atrás

Con estos tira y afloja constantes, el escenario que podría quedar para volver a un punto de encuentro se desdibujó cuando Puigdemont, en una comparecencia desde Perpiñán (Francia) el 27 de octubre, mandató la ruptura de relaciones con el PSOE: “No ha hecho caso de los avisos y señales”, reprochó, reiterando que desde Junts ya no percibían “confianza suficiente” para seguir adelante.

No hay voluntad del PSOE para ejecutar acuerdos en tiempo y forma. No han cambiado las condiciones críticas que impedían -e impiden- que una de las dos partes se pueda sentar en la negociación sin tener el riesgo de la persecución. No ha habido resultados suficientes", respaldó. Tanto que, días más tarde, la militancia de los neoconvergentes avaló la decisión de divorcio relacional con los socialistas.

El último capítulo de estas desavenencias ha acontecido este jueves con la consumación de la ruptura con la sentencia de Nogueras: Bloqueo a la legislatura. Junts ha presentado en el Congreso una enmienda a la totalidad para todas las leyes del Gobierno que se encuentren actualmente en proceso de tramitación, lo que deja a Sánchez sin los siete votos afirmativos de sus diputados: “Pedro Sánchez no podrá aprobar los Presupuestos ni normas como la ‘Ley Bolaños’ o la ‘Ley Begoña’”, ha sentenciado.

Con esta atmósfera política de horizonte aún incierto, es difícil prever cómo afectará esta postura de los neoconvergentes al transcurso de la legislatura pero, voces de Moncloa han dejado en claro que su mano está tendida si “cumplen su compromiso” pese a la anunciada ruptura.

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