5.811 usuarios de residencias de la Comunidad de Madrid han fallecido desde el 8 de marzo hasta este martes 28 de abril por coronavirus o con síntomas compatibles con la enfermedad sobre un total de 7.256 muertos durante este periodo en estos centros, incluyendo geriátricos, centros para personas con discapacidad y residentes con enfermedad mental. De este modo, casi 1 de cada 4 fallecidos por coronavirus en España eran usuario de residencias en la región. 

"El modelo hay que adaptarlo a las nuevas circunstancias y humanizarlo, para garantizar así la mejor asistencia", ha reconocido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La dirigente del PP asegura que de cara al futuro está trabajando en un ambicioso Plan de Atención Integral de Longevidad, Fragilidad y Soledad enfocado a los ancianos. Sin embargo, lo cierto es que a día de hoy Madrid sigue sin atender las necesidades sanitarias de los mayores en las residencias de ancianos, lo que pone en riesgo cientos de vidas.

Algo que le han afeado a Ayuso sus propios socios de Gobierno. “Hemos reclamado desde el inicio un mayor apoyo sanitario en las residencias, y así se lo he transmitido al consejero y a la presidenta. No entiendo que el SAMUR vaya a Castilla y León y no se utilice para reforzar nuestro personal sanitario en las residencias”, ha llegado a expresar Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales (Ciudadanos).

El PP de Ayuso ocultó los datos 

No obstante, la mala gestión de las residencias en la Comunidad viene de lejos. De 2014 a 2019, más un centenar de residencias de ancianos en la región fueren sancionadas por incumplir la ley. Así, se evidenció que en los 130 centros sociales sancionados (96 residencias y centros de día, 22 centros de personas con discapacidad y 12 residencias clandestinas) faltaba higiene, había escasez de personal y se descuidaba la asistencia a los mayores. La situación era más que dramática. 

En julio de 2019, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, se vio obligado a abrir una actuación de oficio ante la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid para que informase sobre estos expedientes sancionadores a residencias en la región. Mediante esta actuación la institución exigía conocer, además, los recursos y personal puestos a disposición de los usuarios y sus familiares para el desalojo de determinados centros. Unos datos que el PP trató de ocultar sin éxito. 

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, creado por la ley de transparencia, también instó en septiembre de 2019 a la Comunidad a facilitar los datos destapándose finalmente que las residencias de ancianos sancionadas en la región eran algo más de una quinta parte de los centros existentes. Un dato alarmante. 

"Inacción" y "dejación"

Según denuncia la Asociación El Defensor del Paciente, el coronavirus ha demostrado la "inacción" y "dejación" de funciones en materia de protección de los mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid. 

A este respecto, cabe recordar que ya el 16 de septiembre de 2016, los propios trabajadores de residencias de ancianos se presentaron en la Asamblea de Madrid para denunciar la falta de higiene, descuido en la asistencia, escasez de personal o hacinamiento en los centros.

Lejos de escucharles, el entonces consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo (PP), se sirvió de la frase "Ladran, luego cabalgamos" -que atribuyó erróneamente a El Quijote de Cervantes-, para despreciar su denuncia. Sus palabras de desprecio fueron aplaudidas por la bancada del PP.