La Audiencia Nacional ha devuelto la lupa a una nueva filtración de datos personales que implicarían nuevamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como a nueve ministros y a miembros del CNI. Pese a que el asunto todavía no ha trascendido a un juzgado definitivo, los datos se habrían difundido a través de Telegram a manos del hacker ‘N4T0X’.
En un primer momento, ha sido el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, quien ha iniciado la investigación bajo secreto a la espera de que el asunto se derive a un juzgado definitivo. Con ello, se retoman las pesquisas iniciadas el pasado mes de junio cuando la Audiencia Nacional investigó como presunto delito de terrorismo y/o contra altas autoridades del Estado la difusión en redes de datos personales también del presidente del Ejecutivo, así como de ministros, presidentes autonómicos y demás figuras conocidas en la esfera política.
Entonces, el Juzgado Central de Instrucción Número 1 abrió causa secreta para indagar más información acerca de esta filtración y por el presunto delito citado. Por su parte, la Policía Nacional incorpora a la investigación una última filtración de datos personales de Sánchez, que afecta también a varios ministros, presidentes autonómicos y otros líderes y exdirigentes políticos, según han podido confirmar fuentes policiales. En esta línea, los agentes de la Comisaría General de Información (CGI) analizan concretamente la filtración de un documento de 500 páginas que implica al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla; la presidenta de Extremadura, María Guardiola; o la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, entre otros.
Por lo que se refiere a los datos filtrados, en el caso de Sánchez se ha filtrado su DNI, fecha de nacimiento y domicilio particular, que se suman a los datos de otros nueve ministros como María Jesús Montero, Félix Bolaños o Fernando Grande-Marlaska, así como de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, o el del Senado, Pedro Rollán.
Dos detenidos por las filtraciones
Como consecuencia de esta campaña de filtraciones, el pasado mes de junio la Policía Nacional detuvo a dos individuos por la presunta implicación en la campaña masiva de difusión ilegal de datos a través de canales de mensajería instantánea de ideología ultra. En ese entonces, y según adelantó El País, entre los afectados ya se encontraba el presidente del Gobierno, ministros y presidentes autonómicos.
Los arrestos, que se llevaron a cabo por agentes de la CGI, especializada en la lucha contra el terrorismo y el cibercrimen, coincidieron con el registro de los domicilios de ambos sospechosos. La operación se enmarcó en la investigación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, que abrió diligencias por posibles delitos de ciberterrorismo y atentado contra las altas instituciones del Estado.
Previo a estas detenciones, la Policía presentó un informe ante la Audiencia Nacional alertando de que en un canal de Telegram con más de 90.000 miembros, dos usuarios identificados con los seudónimos @akkaspace y @Pakito habían difundido documentos con información extremadamente sensible. Entre los datos expuestos figuraban números de DNI, domicilios particulares, teléfonos y correos electrónicos de siete ministros, incluida la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, así como de antiguos dirigentes del Partido Popular y de Podemos.
Tras ello, se produjo una tercera filtración también en Telegram. Según sostuvo El País, en este nuevo espacio se publicaron los datos personales del propio presidente Sánchez - DNI, dirección de Madrid, correo electrónico y fecha de nacimiento -, así como los de otros nueve ministros, líderes autonómicos como Juan Manuel Moreno y María Guardiola, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, y alrededor de 3.000 afiliados de Podemos. Las publicaciones venían acompañadas de consignas como #EspañaLibre, #SánchezDimisión y #NoALaCorrupción, y en ellas se anunciaba la intención de continuar con las filtraciones.
Por su parte, los administradores del canal también ofrecían a sus seguidores la posibilidad de adquirir la herramienta utilizada para estas acciones ilegales. La describían como un sistema de búsqueda en bases de datos nacionales, que permitía obtener datos personales “al instante” desde cualquier dispositivo. Su propaganda estaba dirigida, según ellos, a “profesionales que necesiten información fiable”.
