Un canal de Telegram con más de 92.000 integrantes, entre ellos el líder de “Se Acabó La Fiesta”, Alvise Pérez, ha filtrado este jueves los domicilios, teléfonos, números de documento de identidad y direcciones de correo electrónico de siete ministros socialistas y de varios exdirigentes del Partido Popular.
La Policía Nacional ha comenzado la investigación correspondiente a la filtración y publicación de esos datos, que afectan a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; Transportes, Óscar Puente; Igualdad, Ana Redondo; Agricultura, Luis Planas; Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz y Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.
Además, también han aparecido en esta filtración los nombres de varios exdirigentes del Partido Popular, tanto del mandato de José María Aznar como de la presidencia de Mariano Rajoy. Entre ello, se han compartido datos personales de Elvira Rodríguez, María Dolores de Cospedal, Rafael Catalá, Isabel García Tejerina y Ana Pastor.
El contenido fue difundido a primera hora de la mañana de este jueves por un usuario bajo seudónimo, y posteriormente republicado por otro miembro del canal una hora después. Ambos están ya en el radar de la Policía, que investiga los hechos.
El canal en cuestión es utilizado habitualmente para compartir publicaciones vinculadas a Alvise Pérez, eurodiputado y agitador ultra, y se ha convertido en un altavoz de ataques al Gobierno, así como en un espacio donde se comparten mensajes de carácter xenófobo.
Tercera causa contra Alvise Pérez por odio a la fiscal Susana Gisbert
No es la primera vez que este canal está en el foco judicial. El pasado mes de mayo, el Tribunal Supremo abrió una tercera causa penal contra Alvise Pérez, tras la difusión de mensajes de odio dirigidos a Susana Gisbert, fiscal delegada de delitos de odio y discriminación en Valencia.
Según el Alto Tribunal, los mensajes se habrían enviado con la intención consciente de comprometer su seguridad, al señalarla como parte de un supuesto organigrama de “personas responsables de la persecución ideológica llamada ‘delitos de odio’”. En uno de los mensajes investigados se afirma: “Esta gente es la que nos está multando e intentando meter en prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una INVASIÓN”.
