El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Juan Ramón Berdugo ha fijado para este viernes 20 de junio a las 10.00 horas de la mañana la declaración del eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis Alvise Pérez, que ha mostrado su disposición a comparecer voluntariamente en la causa abierta en su contra por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación en Valencia, Susana Gisbert.
En una providencia, el instructor confirma que la defensa de Alvise ha mostrado "su disposición a comparecer voluntariamente". El eurodiputado fue citado inicialmente este jueves, pero su representación alegó que no podría acudir porque le coincidía con una sesión en el Parlamento Europeo.
Fue el pasado mayo cuando el instructor ofreció a Alvise la posibilidad de declarar voluntariamente ante el Supremo al iniciar los trámites para pedir permiso a la Eurocámara para poder avanzar en las pesquisas en su contra, en tanto que, por su condición de eurodiputado, goza de aforamiento.
En esta causa, una de las tres que tiene abiertas en el Alto Tribunal, se investigan un presunto delito de acoso o de 'stalking', así como de provocación a delito de atentado contra la autoridad o funcionario público y/u odio a través de redes sociales.
Los mensajes que difundió
El Supremo actuó al considerar que 'Alvise' pudo haber actuado con "intención voluntaria y consciente de comprometer" la vida de Gisbert, por unos mensajes difundidos en su canal de Telegram contra ella en 2024 y que provocaron que otras personas le remitieran múltiples mensajes amenazantes o insultantes a través de las redes sociales.
En uno de los mensajes difundidos en su canal de Telegram se hacía referencia al organigrama de "las personas responsables de la persecución ideológica llamada 'delitos de odio'". "Esta gente es la que nos está multando e intentando meter en prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una invasión", manifestó.
En el mensaje se instaba a buscar las identidades de dichos fiscales y añadía la imagen de Gisbert, a quien señalaba como la responsable de "haber exigido tres años de prisión y 3.600 euros de multa a quien tuitee la palabra 'inmigración' e 'invasión' juntas".
"Intención consciente" de comprometer a la fiscal
Para el Supremo, "su llamada a que un grupo cercano a los 40.000 seguidores expresara y desarrollara una animadversión" hacia Gisbert y el hecho de que Alvise "insistiera en esa reacción después de que muchos seguidores hubieran reflejado explícitamente la intención de alterar el normal desarrollo de vida de la fiscal y su familia", "muestra indiciariamente que pudo existir intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera permanente y profunda, el normal desarrollo de la vida cotidiana de su víctima".
Asimismo, el tribunal tuvo en consideración que Alvise -además de difundir dos mensajes- permitió "que se difundieran los perfiles que la denunciante tenía en X, Facebook e Instagram", donde estaba recibiendo "insultos y amenazas". Según explicó, aunque de lo ahora investigado no se refleja que el eurodiputado "cursara directamente coacciones, amenazas o injurias" contra Gisbert, "ello no excluye una eventual responsabilidad criminal por los hechos que son objeto de investigación.
Sobre este extremo, el Supremo indicó que los funcionarios policiales que iniciaron la investigación no pudieron identificar a quienes realizaron comentarios en el canal de Telegram 'Alvise Pérez Chat', pero sí pudieron identificar al administrador del canal: el propio eurodiputado.
Tres causas abiertas ante la Justicia
Cabe reiterar que la comparecencia de Alvise relativa al presunto acoso cometido contra dicha fiscal tendrá lugar después de que ya haya declarado en el Supremo por la causa que se le abrió por haber difundido una PCR falsa del que fuera ministro de Sanidad y ahora presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.
Con todo, cabe recordar que el Supremo abrió otra causa contra el eurodiputado por presunta financiación ilegal de partidos políticos y delitos electorales, entre otros, por los 100.000 euros que el empresario imputado en la Audiencia Nacional (AN) Álvaro Romillo, alias 'Cryptospain', afirma que le dio para SALF de cara a los comicios europeos de 2024.
