La ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha zanjado la comparecencia tras el último Consejo de Ministros antes de las elecciones, con una arenga que no ha pasado desapercibida para los periodistas. Tras enumerar la última batería de medidas aprobadas por la Administración y responder a las preceptivas preguntas de los corresponsales en el Palacio de la Moncloa, la también dirigente socialista se ha despedido con una frase significativa y cargada de optimismo: “Nos vemos el próximo martes”.

Este martes, el Gobierno se ha reunido por última antes de la celebración de las elecciones generales, que dirimirán el color de la futura Administración. El próximo 23 de julio, España decide si renueva su confianza en el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, u opta por el ticket conservador que encabezan Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Que este haya sido el último cónclave no implica que el Consejo de Ministros pueda agendar reuniones a futuro durante su etapa en funciones. Las competencias del gabinete una vez entren en estado de interinidad, es decir tras los comicios, están recogidas en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre. En su artículo 21 se indica que “el Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, con las limitaciones establecidas en esta ley”.

A pesar de que el Gobierno entre en funciones inmediatamente después de la celebración de elecciones, tienen potestad para dar luz verde a “reales decretos leyes”. Eso sí, siempre y cuando se trate de “casos de extraordinaria y urgente necesidad”, dado que su función se ciñe al “despacho ordinario de los asuntos públicos”. Con este condicionante, cabe indicar la llamativa arenga con la que Isabel Rodríguez ha puesto el colofón a los cuatro años de la coalición. “Nos vemos el próximo martes”, ha indicado la ministra portavoz cargada de optimismo antes de la batalla del 23J.

Polémica con Belarra

En este último cónclave, el Gobierno ha dado luz verde a una serie de medidas orientadas a la mejora de las prestaciones económicas de 750.000 personas dependientes. El Ministerio de Derechos Sociales, cuya titularidad recae sobre Ione Belarra, ha lanzado un paquete de ayudas en el que también se incluye un incremento del tiempo en la atención a domicilio y el establecimiento de cuantías mínimas a prestaciones.

Sin embargo, la titular de la cartera de Agenda 2030 no ha desfilado por la sala de prensa del complejo presidencial. La batería legal de Derechos Sociales la ha desgranado y explicado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, orillando a la dirigente de Podemos y miembro ahora de Sumar, de nuevo. De hecho, Belarra ha tenido que recurrir a las redes sociales para explicar por sus propios medios el resorte ideado para las personas dependientes.

La cuestión es que no es la primera vez que ha ocurrido en la legislatura. De hecho, en este 2023, la ministra Belarra apenas ha aparecido tan solo una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a pesar de llevar varias iniciativas en el orden del día. Lo mismo ha ocurrido con la titular de Igualdad, que solo hizo acto de presencia el pasado 28 de febrero. Por el contrario, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha comparecido en cuatro ocasiones en este último año.

Ante la pasividad de la facción socialista a las quejas de los morados, desde Derechos Sociales optaron por grabar vídeos con la ministra desgranando las diferentes iniciativas. Así lo hicieron con la convalidación de la Ley de Familias en segunda vuelta -en el limbo por el adelanto electoral-, pero también con la Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y Adolescencia o los permisos de cuidado.

Así las cosas, Rodríguez ha presentado “una serie de medidas” orientadas a incrementar la protección y los derechos sociales que, a su vez, fortifican el “cuarto pilar del estado del bienestar y revertir los recortes de ejecutivos anteriores”, especialmente en el campo de la “atención primaria”. De esta manera, la ministra portavoz describió el despliegue las nuevas “prestaciones” a personas dependientes “en el entorno familiar”, que se incrementarán un 17,6%, mientras las vinculadas a la asistencia lo harán un 4,5%. La batería de iniciativas de Derechos Sociales establecerá un “suelo mínimo” a todas las prestaciones.