La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado, mediante un escrito que prevé presentar en próximas horas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la imputación del ex presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en el marco del caso Nóos, a raíz de su intervención en las negociaciones dirigidas a contratar al Instituto Nóos para la organización del evento Valencia Summit.

Anticorrupción pide, además, al TSJ de Valencia que asuma íntegramente el sumario del caso Urdangarin. El Ministerio Público especifica, en este mismo escrito, que si advierte indicios de delito en los convenios suscritos por la Administración pública valenciana con el Instituto Nóos pase a instruir la causa completa. De confirmarse esta petición la investigación abandonaría el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, del que es titular el juez José Castro.

Los supuestos delitos de Camps y Rita
"El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana debería asumir íntegramente la Pieza, requerir de inhibición al Juez de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca y concluir la instrucción de la causa practicando cuantas diligencias se hallen pendientes", asegura el escrito del fiscal.

Iñaki Urdangarin, junto al expresidente Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. (Archivo. EFE)



En concreto, el Ministerio Público atribuye a Camps y Barberá la presunta comisión de delitos de malversación continuada, prevaricación, fraude a la Administración y tráfico de influencias, en la línea de la exposición razonada, de 70 páginas de extensión, que elevó el juez instructor del caso Nóos a la máxima instancia judicial de Valencia para pedir que asumiera la instrucción de estas pesquisas.

Fuentes del TSJCV han confirmado la recepción del escrito de la Fiscalía, que deberá resolver ahora si acepta o no la competencia para instruir los hechos.

Los indicios, según el juez Castro
Y es que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, subrayaba cómo la contratación del Instituto Nóos de cara a impulsar el Valencia Summit, por cuyas tres ediciones la entidad percibió unos tres millones de euros públicos, respondía "sólo al deseo" de ambos de "doblegarse a las exigencias de Don Iñaki Urdangarin en atención a su parentesco con la Casa de S.M. El Rey".

A partir de ahí, aseveraba el magistrado, las contrataciones de Nóos fueron actos "estrictamente voluntaristas en la medida en que no obedecían a procurar el interés general" sino "sólo al deseo de doblegarse a las exigencias, que por muy cortésmente que se planteasen no dejaban de serlo", del Duque de Palma.

Así, el juez recalcaba el hecho de que, sin que se iniciara "absolutamente ningún procedimiento administrativo de contratación" y "en exclusiva atención" a que por parte de Camps era "hartamente conocido" que al frente de Nóos estaba Urdangarin, el expresidente valenciano "entendía que era obligado acceder [a las pretensiones del Duque] en atención a que era el yerno de S.M. El Rey".

Asimismo, aludía a la presunta intervención de Camps en las negociaciones de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar pero por los que Nóos percibió 382.000 euros del gobierno valenciano.