La extrema derecha y sus simpatizantes han cambiado de táctica. Después de ver que el recurso de desprestigiar el ingreso mínimo vital (IMV) no sufrió efecto (la medida no sumó ni un voto en contra en el Congreso y solo Vox evitó hacerlo a favor), han optado por darle una vuelta más al tema y plantear que las personas que de este tipo de ayudas no puedan tener derecho al voto.
“Para evitar que el sistema de ayudas sociales corrompan la democracia con votos cautivos y redes clientelares, ningún ciudadano receptor de este tipo de ayudas debería poder tener el derecho a votar en las elecciones generales de nuestro país”, ha escrito en su cuenta de Twitter, Alvise Pérez, exasesor de Toni Cantó y uno de los tuiteros referentes entre los ultras.
En otras palabras, lo que plantea Pérez, a modo de encuesta (se puede votar tanto a favor del mensaje, como en contra), es que los pobres no tengan derecho a voto, puesto que entiende el simpatizante ultra que al acceder a las distintas ayudas sociales un ciudadano ya es preso del Estado. Un sinsentido absoluto puesto que ni falta que hace mencionar que el derecho al voto es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia.
Por otra parte, pese a la gravedad del mensaje de Pérez, hay que recordar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en pleno debate por el ingreso mínimo vital, rechazó esta medida argumentando que se trataba de un “regalo” que creaba “dependencia del Estado”. Días después, el Partido Popular votó a favor del IMV en el Congreso. Por su parte, el ya exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto también se posicionó en contra de la iniciativa apuntando que se trataba de “un sueldo Nescafé para toda la vida”.
Por último, cabe señalar que este jueves el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunciaba que más de 200.000 familias han solicitado el IMV a la Seguridad Social, que ha comenzado a procesar las solicitudes desde este lunes. En este sentido, el Ministerio estima que esta nueva medida beneficiará a 850.000 hogares y a 2,3 millones de personas.
