Al Gobierno le pueden más los sondeos que la humanidad: permitirá abortar en casos de malformación

Lo adelantábamos este domingo. El Gobierno desempolva su proyecto de la reforma de la ley del aborto, pasadas ya las elecciones europeas, en plenas vacaciones. Tiene intención de que llegue al Congreso este julio y que la norma sea aprobada antes de terminar el año. En el camino ha recogido un aluvión de críticas y el aspecto más polémico, sin dudas, ha sido su pretensión de imponer también la prohibición a las mujeres que gesten un feto con malformaciones, incluso cuando éstas u otras anomalías son incompatibles con la vida. Tras el revuelo provocado, y la caída en intención de votos, recogida por sondeos que apuntaban en concreto a esta ley, al Gobierno no le ha quedado más remedio que suavizar su reforma sobre este aspecto. No obstante, seguirá siendo una norma más restrictiva que la aprobada en 1985.

Gallardón no lo confirma
El Ejecutivo se resiste a establecer conceptualmente un supuesto específico de malformación fetal, pero redactará la ley de modo que una mujer que quiera interrumpir su embarazo por esta circunstancia lo pueda hacer sin tener que demostrar que le provoca un daño psicológico, según avanza hoy El País.  Preguntado sobre este asunto, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no ha querido confirmarlo y se ha limitado a decir que será  el Consejo de Ministros el que decida el contenido final del proyecto de la denominada Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada.

En el anteproyecto eliminó el supuesto
El supuesto de malformación fetal fue avalado por el Tribunal Constitucional en 1985. El anteproyecto que aprobó el Consejo de Ministros en diciembre pasado lo eliminaba y dictaba que la mujer sólo podría interrumpir su embarazo en casos de violación y “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada”. El Gobierno quiso complicar las cosas a las mujeres al eliminar en su anteproyecto el supuesto por malformación porque le obligaba a presentar la opinión de dos médicos que trabajen en un centro distinto al que después practicaría el aborto. Ahora se suavizará y las anomalías en el feto serán causa suficiente, si la modificación realmente se hace.

Un engorroso camino hasta el aborto
Está por verse si la decisión del Ejecutivo de suavizar su proyecto pasa por modificar el dificultoso procedimiento que fijo en diciembre, según el cual dos psiquiatras tendrán que acreditar que el embarazo producirá un daño “importante y duradero en el tiempo” para la salud de la mujer. Uno de los dos psiquiatras tendrá que dar a la gestante, de manera “personal, individualizada y verbal”, información clínica sobre el embarazo y el aborto, y, a continuación, un certificado.

No será suficiente con esto. La mujer tendrá que acudir a los servicios sociales de su localidad para que estos, también de forma “personal, individualizada y verbal”, le presten un “asesoramiento asistencial completo”. Le informarán de que el feto “constituye un bien jurídico protegido por la Constitución”, sobre las alternativas con las que cuenta a la interrupción del embarazo. A pesar de contar con los informes médicos y los dos certificados  de haber recibido asesoramiento e información clínica sobre su situación, la mujer tendrá que esperar aún una semana (de reflexión)  antes de comunicar definitivamente su decisión de abortar.