España roza ya los 40.000 contagios y los 2.700 muertos por coronavirus. Por comunidades autónomas, Madrid sigue siendo el principal foco en España, con 12.352 positivos confirmados, 1.535 fallecidos, 1.050 en UCI y 2.291 curados. La tasa de mortalidad en la región se sitúa en el 12,42%. Un hecho que ha provocado una acalorado crítica al Partido Popular​ por la gestión de la Sanidad. En este sentido, ha vuelto a cobrar interés mediático la denuncia que presentó en la Asamblea el grupo Más Madrid, acusando al ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso de aplicar un tijeretazo social de 145 millones de euros a Sanidad y Educación en 2019. Tras prometer ese gasto, cambió las partidas sin publicidad reorganizando el gasto y dejando sin ese apoyo a estos servicios esenciales. Un cambio de cromos millonarios que acabó con los fondos en una partida rebautizada como “imprevistos e insuficiencias”.

Asimismo, este lunes el Ejército localizaba varios cadáveres conviviendo con ancianos en residencias, la mayoría de ellos en la Comunidad de Madrid. Un hallazgo que ya está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado “a fin de determinar la gravedad de los hechos y su posible relevancia penal”, y que vuelve a poner el cerco sobre el Gobierno autonómico y su capacidad para gestionar estas residencias –hay que recordar que estas áreas son competencias de las comunidades autónomas-.

No obstante, lo cierto es que la mala gestión de las residencias en la Comunidad viene de lejos. De 2014 a 2019, más un centenar de residencias de ancianos en la región fueren sancionadas por incumplir la ley. Así, se evidenció que en los 130 centros sociales sancionados (96 residencias y centros de día, 22 centros de personas con discapacidad y 12 residencias clandestinas) faltaba higiene, había escasez de personal y se descuidaba la asistencia a los mayores.

En julio de 2019, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, se vio obligado a abrir una actuación de oficio ante la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid para que informase sobre los expedientes sancionadores abiertos a residencias en la región. Mediante esta actuación la institución exigía conocer, además, los recursos y personal puestos a disposición de los usuarios y sus familiares para el desalojo de determinados centros.

El PP de Madrid les acusó de “ladrar”

Pero mucho antes, el 16 de septiembre de 2016, los propios trabajadores de residencias de ancianos se presentaron en la Asamblea de Madrid para denunciar la falta de higiene, descuido en la asistencia, escasez de personal o hacinamiento en los centros.

Lejos de escucharles, el entonces consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, se sirvió de la frase "Ladran, luego cabalgamos" -que atribuyó erróneamente a El Quijote de Cervantes-, para despreciar su denuncia. Sus palabras de desprecio fueron aplaudidas por la bancada del PP.

215 empleados menos de los necesarios

Por otra parte, en septiembre del año pasado, el periódico ‘El País’ publicaba que las 25 residencias públicas de la Comunidad de Madrid tienen en total 215 empleados menos de los que el propio Gobierno regional estima necesario para el servicio, según datos oficiales a los que tuvo acceso el citado medio.

Unas vacantes que afectaban, y siguen afectando, a numerosas categorías de trabajadores, desde enfermeros hasta cocineros, pasando por conductores.

“Estamos en un periodo inicial de evaluación de las necesidades reales de cada centro y pronto nos ocuparemos de dar respuesta”, aseguró en su momento a El País una portavoz de la consejería de Políticas Sociales, en manos de Ciudadanos.