ERC quiere acabar con los contratos públicos con empresas que hayan ejecutado algún tipo de espionaje en el Estado español. Así se extrae de la propuesta que ha registrado la formación en el Congreso esta semana para instar al Gobierno de coalición a prohibir la contratación de empresas, también sus matrices o filiales, que hayan espiado o hackeado alguna Administración pública tras los polémicos casos de Pegasus o Candiru. Asimismo, en la iniciativa exigen además que se elabore con celeridad un informe sobre las contrataciones que hasta ahora se hayan realizado con compañías que se conozca que han formado parte de corruptelas de estas características. "Estos espionajes no preocupan en una autoproclamada Democracia plena como la española", critican los catalanes.

Prohibir contratos públicos con 'hackers'

Esta miércoles, Esquerra Republicana (ERC) ha dado un paso más en la lucha contra el espionaje y ha presentado ante el registro del Congreso de los diputados una Proposición No de Ley con el objetivo de debatir una propuesta para limitar la posibilidad de contratar a empresas que han espiado o hackeado a Administraciones públicas. Firmado por el portavoz Gabriel Rufián y la diputada Montse Bassa, ERC ha impulsado una propuesta en la que reclama a los partidos del Gobierno que se vete la contratación de compañías, así como sus matrices o filiales, que hayan utilizado programas tecnológicos de espionaje como Pegasus o Candiru en pro de la calidad democrática y para atajar "actitudes que deben ser perseguidas y combatidas" por el Estado.

Tal y como señala el grupo parlamentario en la iniciativa, piden que se debata y vote esta propuesta en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en primera instancia en la Cámara Baja y, tras dar luz verde, después en el Senado. Asimismo, los independentistas catalanes proponen que se elabore desde las competencias del Ejecutivo un informe -a remitir ante la citada comisión en "el plazo máximo de tres meses"- en el que se detalle las contrataciones que se hayan realizado hasta el momento a empresas que hayan incurrido en estas actitudes para dar a conocer qué sociedades tienen enlaces con la Administración estatal.

Pegasus, en el foco

Se trata de una propuesta que continúa las acciones impulsadas por los independentistas tras salir a la luz las investigaciones de los laboratorios Citizen Lab o Amnistía Internacional, que desvelaron el "espionaje ilegal" a numerosos líderes políticos, activistas sociales, abogados o periodistas a través del uso de este tipo de software. Entre otros, en esta lista figura el nombre del ahora presidente catalán, Pere Aragonès, o de Quim Torra y Artur Mas. También de los presidents del Parlament Roger Torrent y Laura Borràs, entre otros muchos representantes catalanes. Además, coincide en el tiempo con la visita de una misión del Parlamento Europeo a Madrid programada para el próximo lunes con el objetivo de avanzar en su investigación del espionaje, que según ERC ha sido "ninguneada" por el Ejecutivo y el Congreso.

"Estos espionajes no preocupan en una autoproclamada Democracia plena como la española", ha lamentado la formación, especialmente los firmantes del texto. A juicio de Rufián y Bassa, estos "políticamente son aplaudidos, normalizados y justificados, de manera que se legitima y perpetúa el espionaje al disidente" y, de hecho, recuerdan que en la Cámara ya se vetó la posibilidad de impulsar una comisión de investigación sobre este asunto. "Es un Estado donde el espionaje está legitimado y normalizado como herramienta policial y política, de información y de chantaje", critican. Para la formación republicana, "no se sabe hasta qué punto sigue actuando la enorme trama de espionaje y quiénes son las víctimas", y la "pasividad" del Estado para esclarecer este asunto "convierte a la democracia en la mayor de todas las víctimas".

Sánchez y los ministros, afectados

Así, sentencian que "los espionajes a políticos, el hackeo a páginas tan sensibles como la de Justicia o la del servicio de emergencias médicas o la filtración de fake news con pretensión de guerra sucia política, son actitudes que deben ser perseguidas y combatidas por la democracia". Por eso, proponen al Gobierno la toma en consideración de esta Proposición No de Ley para atajar estas corruptelas, de las recuerdan también que "han sido objeto de espionaje el propio Presidente del Gobierno de España y algunos de sus Ministros, entre los cuales, el Ministro del Interior y la Ministra de Defensa". "A pesar de eso, tampoco ha habido ninguna investigación que se haya hecho pública al respecto", denuncian los de ERC.