Enrique López consumó su paso a la política de la mano de Isabel Díaz Ayuso. Su relación con el Partido Popular siempre ha sido afín, desde que la formación conservadora intentara, hasta conseguirlo, nombrarlo juez del Tribunal Supremo.

Ahora, después de ser nombrado consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo, el dirigente valora las dudas que penden sobre la presidenta autonómica. Hija política de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, con una prolífica trayectoria en la Asamblea de Madrid y en diversos cargos de libre asignación en el seno de la formación, ahora son las sospechas de corrupción por su relación con el ente semipúblico Avalmadrid las que monopolizan la actualidad madrileña.

A la líder regional se le acusa de un presunto alzamiento de bienes, al aceptar la donación de una propiedad de su padre, haciendo que Avalmadrid, como acreedor, no pudiera cobrar como consecuencia de la falta de liquidez de la empresa de su progenitor.

Pero López, pese a su formación como jurista reconocido, recela sobre la comisión de investigación sobre el ente semipúblico que han apoyado el resto de fuerzas parlamentarias a petición del Partido Socialista. “Hay que distinguir Avalmadrid de lo que es la indigna relación que se pretende establecer entre esta entidad y la presidenta de la Comunidad. Ni la familia de la presidenta ha tenido ninguna relación política con Avalmadrid, ni Ayuso ha tenido ninguna relación económica con las entidades de su familia. No existe Caso Ayuso”, explica en una entrevista concedida a La Razón.

Siguiendo con la estela defendida por la propia Ayuso y su equipo más cercano, el consejero pide que no se acuse a la presidenta por lo que pudiera hacer su familia en el pasado: “Ya existe un control eficaz de Avalmadrid. Habrá que explicar cuáles son los fines políticos que se persiguen con esta comisión de investigación”.

Además, Enrique López, cuestiona la voluntad de Ciudadanos para abrir este proceso investigador: “No lo entiendo. Y no lo digo como crítica […] Todos estamos comprometidos en una cultura de «tolerancia cero» con la corrupción: no hay ni vigilantes ni vigilados”.