Un recurso contencioso-administrativo
El PSOE ha presentado paralelamente un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para solicitar la suspensión cautelar de la amnistía fiscal, con la que el Gobierno espera recaudar 2.500 millones de euros de capital oculto, y cuyo plazo finaliza el próximo 30 de noviembre de 2012.
Desproporcionado
El recurso de los socialistas considera "totalmente desproporcionado" sustituir todas las obligaciones exigibles en caso de declaración extemporánea, que representan de media un porcentaje del 56% de las rentas ocultadas (43% de cuota, más 20% de recargo sobre dicha cuota, más intereses de demora sobre dicha cuota) por el pago de una cantidad única del 10%.
Una quiebra profunda
El principal partido de la oposición concluye que la amnistía fiscal "vulnera gravemente" la esencia del deber constitucional de contribuir al mantenimiento de las cargas públicas y provoca una "quiebra profunda" de los principios de progresividad e igualdad en el pago de tributos.
Se beneficia a los que defraudan
En el recurso ante el Constitucional, al que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE considera que la regularización fiscal ofrecida es "subjetivamente selectiva" y "manifiestamente desproporcionada" por "beneficiar a un amplio colectivo de contribuyentes cuya nota caracterizadora es la de haber defraudado a la Hacienda Pública y no haber sido descubiertos por la Administración tributaria".
Derechos, deberes y libertades
En concreto, el PSOE considera que la amnistía fiscal vulnera el artículo 86 de la CE, que establece que los decretos leyes urgentes no pueden afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y el artículo 31.1 de la CE que estipula que todos los ciudadanos contribuirán con su capacidad económica al sistema tributario.
Derecho de generalidad
El PSOE considera que la amnistía fiscal vulnera el principio de generalidad, porque los que se acojan habrán sido exonerados del deber de contribuir, el de igualdad, porque ciudadanos con las mismas situaciones estarán sometidos a regímenes distintos, el de capacidad económica, porque exime a los contribuyentes con mayor capacidad económica y el de progresividad por establecer el pago único del 10%.
