La sorpresa en círculos políticos y económicos de Cataluña es mayúscula. El gobierno de Artur Mas ha adjudicado por 1.000 millones de euros Aguas Ter Llobregat a Acciona, la empresa presidida por Juan Manuel Entrecanales y ha dejado de lado a AGBAR, compañía participada por La Caixa. El dinero le ha ganado la partida a la ingeniera.

La mayor privatización del Gobierno catalán ha llegado a manos de Entrecanales, también presidente del Instituto de la Empresa Familiar. El IEF celebra la próxima semana su congreso en Barcelona y hace unos días intentaba que la Junta Directiva del Instituto aprobara un manifiesto a favor de la unidad de España. Agbar que lideraba el consorcio descartado presentará recurso porque considera irreales las cifras presentadas y cuestiona el proyecto técnico. Agbar está presidida por Angel Simón y la Caixa tiene un 25% del capital. El 75% restante está en manos de Suez.

Manifiesto por la unidad
Entrecanales ha intentado en las últimas semanas aprobar un manifiesto a favor de la unidad de España y contra la independencia de Cataluña. De hecho, se conocen al menos dos borradores pero las fricciones en la Junta Directiva impidieron su aprobación y el documento no ha visto la luz. Ente los miembros de la Junta Directiva destaca su presidente de Honor Leopoldo Rodés, que en esta operación de privatización del mayorista de aguas de Cataluña está aliado con Entrecanales junto con la inversora catalana Liliana Godia y el banco brasileño BTG Pactual.

Victoria técnica
Acciona ha ganado por su oferta económica que garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo, que quedan subrogados, y por el precio establecido a las distribuidoras que se situará en 0,7088 céntimos el metro cúbico de agua. Las distribuidoras de Cataluña son básicamente Agbar, Aguas de Sabadell y Mina Pública Terrassa, casualmente las que formaban el consorcio que ha sido descartado por la Generalitat. Un consorcio, que por cierto, ganó con holgura la parte técnica del concurso porque son profesionales del sector. Sin embargo, la oferta económica era el 75% del concurso.

La mayor privatización
La conselleria de Territori dirigida por Lluís Recoder ha adjudicado la mayor privatización de la Generalitat. Acciona deberá pagar 300 a pagar antes del 31 de diciembre y los restantes durante la concesión de 50 años. Recoder ha seguido en esta adjudicación los consejos del Director de la Agencia Catalana del Agua, Leonard Carcolé, otrora alto directivo de Agbar. Algunas fuentes conocedoras de la operación no dudan en destacar la animadversión de Carcolé hacia Angel Simón porque Carcolé aspiraba a la presidencia de Agbar y se quedó compuesto y sin novia. Las malas relaciones entre ambos no han sido una novedad en estos dos años porque Carcolé se tuvo que conformar con el premio de consolación en la dirección de la ACA.

Más dinero
Otras fuentes cercanas a las discusiones opinan que la adjudicación ha sido “un empecinamiento de Recoder frente al propio Mas y a Germà Gordó” [secretario general de Presidencia] y “han dejado fuera a La Caixa, una decisión como mínimo sorprendente”. El Gobierno catalán, acosado por las deudas y la falta de liquidez ha optado por la opción menos profesional que presentaba un proyecto técnico “justito” pero más dinero. “Ha primado más el dinero porque los 300 millones que ingresará el Gobierno catalán le servirán para reducir el déficit este año”, afirman fuentes económicas pero “la oferta técnica no ha sido tenido en cuenta”, añaden.