Un decreto-ley urgente que determinará que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados ha de ser abonado siempre por las entidades bancarias y una Autoridad Independiente que se encargará por velar de los derechos de los ciudadanos frente a bancos y entidades financieras. Dos medidas con las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recoge el guante que le ha lanzado hoy el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que había eludido responsabilidades y señalado a Ejecutivo y Legislativo como aquellos que "tenían una oportunidad única" para evitar que fueran los ciudadanos quienes abonasen los impuestos derivados de una hipoteca.
El Tribunal Supremo, presidido por Lesmes, ha protagonizado una aparatosa marcha atrás despues de sentenciar que eran los bancos quienes habían de abonar el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas. Sin embargo, una semana después modificaba su propia doctrina y volvía a fallar a favor de los bancos. Lesmes, que ha negado presiones y defendido la independencia de los jueces, ha apelado a la letra de la ley para justificar estos vaivenes del Alto Tribunal.
Sánchez, sin entrar a cuestionar la credibilidad de los jueces -algo que sí que han hecho la mayor parte de los líderes políticos- y defendiendo la independencia del poder judicial, ha lamentado "discrepar" con Lesmes. Y ha justificado modificar la Ley Hipotecaria vía decreto-ley para garantizar la seguridad jurídica "de todos", bancos, instituciones y usuarios. Algo que planea complementar con la Autoridad Independiente, que seguirá un procedimiento parlamentario menos urgente que el del Decreto_ley.
