A bombo y platillo, el ministro de justicia, Rafael Catalá, se comprometió el pasado mes de marzo a que el 1 de enero de 2016 los profesionales de la justicia ya no usarían papel y todas sus acciones serían telemáticas. Pero como en otras ocasiones, las palabras de Catalá se quedan en agua de borrajas. Jueces por la Democracia denuncia que no se han creado los instrumentos técnicos para poder disponer de un expediente electrónico judicial. “El proceso de modernización, ha estado marcado por la improvisación, la descoordinación y la precipitación con fines electorales”.

Catalá aseguró el 9 de marzo que gracias a las medidas de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil se iba a conseguir la “meta de papel cero” en los juzgados y tribunales españoles. De tal modo que el 1 de enero de 2016 será obligatorio el uso de sistemas telemáticos para los profesionales de la Justicia y en los órganos judiciales en la presentación de escritos y documentos, así como para los actos de comunicación procesal. Pero esa realidad comprometida se queda muy lejos según explican los jueces progresistas.

Sin modernizar
“Con esa finalidad de llegar al “papel cero”, se aseguró que se iban a aportar los recursos suficientes para hacer posible ese objetivo. Desde Jueces para la Democracia hemos reclamado reiteradamente la modernización  de las estructuras judiciales, la cual sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país, en contraste con las mejoras que se han realizado en otras instituciones públicas”, continúan.

La presentación será telemática…
Para los jueces la incorporación de las nuevas tecnologías supondría un indudable avance para el servicio público, “si se lleva a cabo de forma adecuada. Sin embargo, se ha constatado que lo único que va a empezar a practicarse el 1 de enero de 2016 es la presentación de documentos al juzgado de forma telemática”.

…pero habrá que imprimir los documentos
“Como no se han creado los instrumentos técnicos para la creación de un expediente electrónico judicial –añaden- los citados documentos van a tener que imprimirse en los órganos judiciales tras su entrada en los mismos, con lo cual el papel va a seguir en los juzgados. Y ello porque el proceso de modernización, tras ser anunciado a bombo y platillo por el ministro Catalá, ha estado marcado por la improvisación, la descoordinación y la precipitación con fines electorales”.

Sin planificar
Denuncia JpD que “no ha existido una actuación rigurosa, planificada con las distintas administraciones implicadas, ni con los operadores jurídicos afectados, entre ellos las juezas y los jueces. Tampoco se ha contado con los instrumentos técnicos adecuados para una iniciativa de esta relevancia”.

Pura propaganda
“El resultado nos muestra que el objetivo denominado “papel cero” era un mero anuncio propagandístico, para intentar paliar a última hora la deficiente gestión en materia de Justicia de esta legislatura”, dicen.

Nocivo apresuramiento preelectoral
En opinión de la asociación progresista, la realidad es que “este apresuramiento preelectoral lo que puede provocar son disfunciones en los juzgados y tribunales por la falta de herramientas para poner en marcha el proceso de digitalización, así como importantes problemas de armonización entre distintos órganos judiciales”.

Sin formación
Resaltan además que tampoco se han previsto programas de formación suficientes para hacer posible el cambio de sistema, “lo cual provocará problemas de gestión que perjudicarán a la ciudadanía”.

Incertidumbre
“Desde Jueces para la Democracia lamentamos que una transformación que podía ser ilusionante en el ámbito judicial, por las perspectivas de mejora del servicio público, se haya vuelto a convertir en una situación de incertidumbre por su uso electoralista, su descoordinación y la insuficiencia de medios técnicos para su implantación”, prosiguen.

“Que sean más responsables”
Concluyen los jueces de JpD reclamando a los responsables ministeriales “una mayor responsabilidad en sus actuaciones. Y les recordamos que la administración de justicia merece una gestión más rigurosa, como institución donde se adoptan decisiones especialmente relevantes sobre los derechos fundamentales de la ciudadanía”.